El sector de la construcción registró 28 muertos en todo el territorio valenciano durante el año 2008, mientras que, solo en la provincia de Valencia 22 personas fueron condenadas a penas de prisión por delitos contra la seguridad laboral a lo largo del año pasado, en el que se dictaron 25 sentencias en esta materia, según la memoria de la Fiscalía de Siniestralidad Laboral.
El fiscal coordinador en esta materia, Jaime Gil, presentó los datos de la memoria junto a la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, tras reunirse con representantes de UGT-PV y CC.OO.-PV en la comisión de seguimiento del convenio de colaboración en siniestralidad que mantienen desde el año 2006. El fiscal señaló que la cifra de 22 condenados a penas de prisión por delitos de incumplimiento de la seguridad laboral “dista mucho de las pocas condenas de hace años”.
Empresarios “ávidos de beneficios” arrinconaron la seguridad
De las 25 sentencias dictadas, frente a las 30 del año anterior y las 29 de 2006, cuatro fueron absolutorias. La memoria señala que en el sector de la construcción se produjeron 11 muertes en 2008, las mismas que en 2007, un dato “poco esperanzador” puesto que el año pasado la actividad del sector fue menor. Esos fallecimientos se produjeron en accidentes laborales ocurridos en Torrent, Benigànim, Oliva, Valencia y en las obras de construcción del nuevo estadio del Valencia, donde murieron cuatro trabajadores. En la provincia de Alicante fueron 14 los trabajadores muertos en este sector, y en Castellón fueron tres.
Jaime Gil asegura en la memoria que el acceso al sector en los últimos años de empresarios “ávidos de beneficios económicos rápidos y elevados” arrinconó en muchas ocasiones “la seguridad, la prevención, la formación del trabajador a ámbitos formales, en el mejor de los casos, y al trabajo precario y la puesta en peligro del trabajador, en el peor”. La Fiscalía recibió 186 actas de infracción, diez más que en 2007, de las que 171 se archivaron, 13 terminaron con denuncia o querella y dos están en investigación. Los fiscales de Valencia realizaron 59 escritos de calificación, frente a los 43 de 2007 y los 33 de 2006, lo que supone duplicar el número y “una consolidación” de la Sección de Siniestralidad Laboral.
Los sindicatos coincidieron en la necesidad de que las Administraciones se impliquen en esta materia y acusaron a la Generalitat de “falta de voluntad política” para elaborar un protocolo de actuación en casos de siniestros graves y mortales, según el secretario de Salud Laboral de UGT-PV, Carlos Calero. El secretario general de CC.OO.-PV, Francisco Molina, manifestó que ese acuerdo debería tomarse en el marco del diálogo social, que es el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo (Pavace).
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