El juez de lo Social 1 de Granada ha fallado a favor de la demandante, A.D.R., y contra S.S.A., la empresa para la que trabajaba. Según consta en la resolución, “la falta de colaboración” de ésta en un modo de proceder de contratación de trabajadores “cuando menos moral y éticamente reprochable” fue el origen del acoso.
La vigilante negó su colaboración al coordinador de seguridad perteneciente a la Diputación, Juan Carlos Adarve, que le pidió que le indicara nombres de vigilantes de seguridad de Segurisa “que se podrían despedir”. El fin era, según consta en la sentencia, “contratar a ciertas personas, militantes del PSOE o familiares o amigos de éstos”.
A raíz de ese enfrentamiento se producen una serie de actuaciones tanto por parte de A. como de la empresa de una “notable intensidad” contra la vigilante. Se pidió su dimisión y ella se negó.
A continuación, se le privó de su despacho para trasladarla a una sala de control común bajo vigilancia de una cámara. Más tarde se le obligó a defenderse de acusaciones “sin sustento” y se le dejó de abonar un complemento de 900 euros.
Ante el fracaso de estas “estrategias”, entiende el juez, se le ofreció un cambio de puesto que rechazó y se le despidió, aunque la propia empresa reconoció que es “improcedente”.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
