Así lo expresó este lunes la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, después de mantener una reunión durante cerca de dos horas con los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de Jueces para la Democracia (JpD), de Foro Judicial y de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
En concreto, lo que se presentó durante el encuentro fue un borrador de un convenio entre CGPJ y Ministerio de Justicia -al que se podrían sumar posteriormente las comunidades autónomas- para la implantación de un sisitema de prevención de riesgos laborales.
Bravo explicó que el objetivo de este plan es cuidar la salud física y psíquica de jueces y magistrados. La portavoz destacó como factores de riesgo la excesiva carga de trabajo, el estrés así como el hecho de que “muchísimos juzgados de este país” presentan “condiciones insalubres”.
La necesidad de implantar un plan de estas características para jueces y magistrados nace en parte de la comparación de su situación con la de sus compañeros de juzgado, los funcionarios judiciales, que dependen del Ministerio de Justicia y que cuentan ya con un sistema de prevención de riesgos laborales.
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