La Comisión Europea decidió hoy abrir un proceso de consulta en Internet sobre el nuevo modelo de ensayo, registro y autorización de sustancias químicas que proyecta proponer formalmente y que enfrenta el rechazo de parte de la industria por su elevado coste.
El sistema, conocido como REACH (del inglés “Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”), estará disponble durante ocho semanas en la dirección electrónica de la Comisión Europea (http://europa.eu.int/comm), antes de ser transformado en una propuesta formal.
El REACH es el nuevo régimen de ensayo, registro y autorización de sustancias y compuestos químicos único para toda la Unión Europea. Como principal novedad, introduce la obligación de que sean las empresas fabricantes, y no las autoridades públicas, quienes comprueben la seguridad de las sustancias.
El sistema afecta tanto a nuevas sustancias como a las que ya circulen en el mercado europeo, aunque los requisitos varían en función del volumen de producción y de la peligrosidad del mismo, y se prevé un periodo paulatino de hasta 11 años de duración para adecuarse al sistema.
La Comisión Europea estima en 4.000 millones de euros hasta el 2020 el coste directo para la industria de la introducción de REACH, aunque reconoce que las empresas deberán afrontar “costes indirectos”, en aquellos casos en los que el nuevo regimen obligue a abandonar productos.
Parte de la industria cree que los costes estimados por la Comisión se quedan cortos y advierten de que la propuesta le hará perder competitividad frente a la industria extracomunitaria. El comisario de Empresas, Erkki Liikanen, sostuvo que la norma repercutirá positivamente en las empresas europeas “a largo plazo”, al garantizar la seguridad y fiabilidad de sus productos.
Liikanen afirmó asimismo que la Directiva preverá mecanismos que aligeren el coste de registro a las pequeñas y medianas empresas (pymes), como la posibilidad de formar consorcios para registrar productos.
Por su parte, la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Walstrom, defendió que el nuevo regimen es una propuesta “equilibrada” entre la necesidad de proteger la salud humana y el medio ambiente, y la voluntad de que la industria europea sea “competitiva”.
REACH
El REACH desplaza la “carga de la prueba” de las autoridades públicas –hasta ahora encargadas de detectar los efectos indeseables de las sustancias– a la industria –que deberán ahora demostrar la seguridad de sus productos–, explicó Wallstrom.
Las empresas productoras o importadoras de sustancias químicas deberán ensayar el producto –minimizando el uso de animales en los ensayos–, publicar los resultados, y registrarlos posteriormente en un sistema único a la espera de la autorización comunitaria. Los requisitos precisos del registro variarán en función del volumen de producción de cada sustancia y de su probabilidad de exposición a personas y medio ambiente.
En primer lugar, sólo las sustancias cuyo volumen de producción o importación supere la tonelada anual estarán sometidos a la obligación de registro. Para las que no superen las 100 toneladas ni susciten riesgos (80 por ciento del total, según la CE), bastará con un modelo de registro simple.
Por último, toda sustencias cuya producción supere esta cantidad deberá someterse a un modelo de registro que incluya información relativa a las propiedades, riesgos y usos seguros de la sustancia. Este es el caso de las sustancias y preparados carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción (CMR); las sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (PBT) y la sustancias muy persistentes y muy bioacumulable (VPVB).
La propuesta de Directiva prevé además un procedimiento rebajado para polimeros y sustancias intermediaras, aquellas utilizadas para producir otras sustancias químicas.
Plazos de registro
Los plazos para inscribir en REACH los productos también en varían en función del volumen de producción: tres años para sustancias cuya producción iguale o exceda las 1.000 toneladas anuales; seis años para sustancias de entre 100 y 1.000 toneladas de producción anual; y 11 años, para sustancias entre 1 y 100 tonelada de producción.
Las autoridades nacionales serán las responsables de la evaluación de las sustancias, mediante el examen de los distintos expedientes de registro. Podrán sugerir restricciones sobre el uso de alguna de ellas, aunque la decisión definitiva correspondería a la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario será de hecho el responsable de conceder autorizaciones de uso. Para ello, tendrá en consideración las garantías ofrecidas por las empresas socilitantes y la información disponible sobre sustancias y procesos alternativos que puedan reducr riesgos.
Liikanenn y Walstrom proponen además crear una nueva Oficina Europea de sustancias químcas –cuya sede provisional sería el Instituto de y en Ispra (Italia)– que asista a la Comisión a la hora de conceder las autorizaciones y gestione una base de datos de acceso público con los datos relativos a los productos.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
