CCOO ha presentado una serie de propuestas ante la Unión Europea y ante la Administración española sobre la situación legislativa del amianto en España, a los que han pedido la creación de una Comisión Parlamentaria para el estudio del impacto de esta sustancia sobre la salud y el Medio Ambiente.
Según recuerda CCOO, se estima que en los próximos años se produzcan más de 50.000 casos de cáncer de pleura y pulmón provocados por los más de dos millones de toneladas de amianto o asbestos que se encuentran instaladas en los edificios, en los barcos, trenes y en las tuberías de conducción de agua y gas.
A su juicio, el principal responsable de estas enfermedades que se están produciendo en España son las empresas que importaron y han utilizado este material aislante e ignífugo en los últimos años, como Banca March o el Grupo Uralita.
Sin embargo, CCOO también hacen responsable de esta situación al Estado español por haber sido permeable a las presiones de los lobbys industriales y haber tardado 23 años en prohibir su uso, a pesar de que en 1978 ya fuera declarada como sustancia cancerígena por el Parlamento Europeo.
Desde el sindicato consideran como muy positiva la Resolución aprobada recientemente por el Pleno de la Comisión Nacional en la que se solicita a la Comisión Nacional de Salud y Seguridad que adopte las medidas adecuadas de prevención en relación con el amianto.
En este sentido, proponen a esta Comisión el desarrollo de un Programa Nacional de vigilancia sanitaria a las poblaciones que han estado expuestas a los efectos de esta sustancia. Además, le piden que las enfermedades provocadas por esta sustancia sean calificadas como enfermedades profesionales evitando la excesiva judicialización.
Además, consideran necesaria la puesta en marcha de un programa que permita el control y la gestión del amianto instalado, así como la adopción de medidas de protección social, económicas y de compensación para los trabajadores afectados. Con estas acciones CCOO considera que se debería posibilitar la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación a personas cuya esperanza de vida no supera los 70 años.
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