La formación y el establecimiento de una verdadera cultura de prevención de riesgos laborales son las principales herramientas que se deben utilizar para atajar el goteo de fallecimientos en el desarrollo de la actividad profesional que, ininterrumpidamente, se vienen produciendo en Castilla y León. Esta es la opinión unánime tanto de la Junta como de los agentes económicos y sociales de la Comunidad.
Según estas mismas voces, la concienciación de los empresarios, para que contemplen la prevención como un valor más de las entidades en las que invierten y no como un gasto añadido, y de los trabajadores, que deben de ser conscientes de que los peligros existen y no correr riesgos innecesarios, es fundamental para que sucesos como el acaecido el pasado jueves por la mañana en Burgos -en el que perdieron la vida ocho personas- no vuelvan a repetirse.
En este sentido, 2004 no ha sido una excepción, incluso se ha situado como uno de los años más negativos, puesto que se registraron hasta noviembre un total de 89 «muertos laborales». En los dos ejercicios precedentes fueron, cronológicamente, 107 y 73 las personas que perecieron en el desarrollo de su trabajo. Aun así, el peor año de los últimos ocho ha sido estadísticamente -a pesar de la frialdad de este parámetro- 2001, en el que se alcanzaron los 112 fallecidos.
Para el secretario de Acción Sindical de UGT, Mariano Carranza, «2003 fue relativamente bueno, ya que hubo una rebaja sustancial de los accidentes, pero el pasado año se registró un repunte muy importante. Es cierto que se está actuando, pero no se ha llegado donde se tiene que llegar», resume el líder sindical.
Además, Mariano Carranza cree que «la normativa en este ámbito mejor que la europea, pero los datos son claramente peores, puesto que en España un trabajador tiene entre dos y tres veces más posibilidades de tener un accidente». Tal y como lo percibe secretario de Acción Sindical de UGT, «los empresarios no cumplen las normas de seguridad, la alta temporalidad del mercado laboral hace que un empleado temporal tenga el triple de posibilidades de sufrir un siniestro y la obligación de la Junta de hacer cumplir la ley se queda en mero compromiso». Sobre este último punto, Carranza añade: «Hoy en día hay la mitad de técnicos en prevención que cuando se produjeron las transferencias a la Comunidad por parte del Estado en 1995».
Sobre la responsabilidad en cuanto a los accidentes laborales, Mariano Carranza expresa que «son los empresarios los que tienen las herramientas oportunas para obligar a los trabajadores a seguir la normativa, pero estamos a favor de que se sancione a los empleados formados y con el equipo suficiente que no cumplan la ley», sentencia el dirigente de UGT.
De enero a noviembre de 2004, ambos incluidos, se contabilizaron en la región 40.337 accidentes, de los que 39.625 fueron leves, 623 tuvieron una carácter grave y 89 resultaron mortales. En los dos últimos casos, los datos superaron las estadísticas que durante el mismo periodo del año precedente se registraron en la Comunidad.
En opinión del secretario general de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Carlos Parra, «las cifras son muy altas, pero en Europa son más bajas porque se tienen en cuenta otros factores para definir lo que es un accidente laboral, lo cual no minimiza la enorme incidencia y la negativa evolución que en este aspecto se da en Castilla y León y en el resto de España».
En esta línea de argumentación, Carlos Parra explica que «la ley es muy estricta y formalista, a la pequeña empresa le cuesta mucho hacer frente a los costes derivados de su aplicación. La culpa tampoco es de los trabajadores, sino que hay una falta de cultura de prevención de riesgos laborales, nos está fallando la formación», concreta el secretario general de Cecale.
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