Unos 300 trabajadores de la Administración Regional, integrantes de los equipos de emergencia de diferentes centros de trabajo de la Junta de Comunidades, asistieron la pasada semana a cursos de formación en emergencias y evacuación.
Se impartieron un total de diez cursos, dos en cada provincia de la región, con una duración de 15 horas cada uno, organizados por la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios en colaboración con la de Protección Ciudadana, pertenecientes ambas a la estructura de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia.
El contenido de los cursos se dividió en una parte teórica y otra práctica, en la que los empleados públicos se ejercitaron en organización y coordinación de primera intervención en situaciones de emergencia, medios de extinción de incendios y primeros auxilios.
Las clases fueron impartidas por técnicos de Protección Civil, bomberos, técnicos sanitarios del SESCAM y técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a través de la colaboración entre la Escuela de Administración Regional y la Escuela de Protección Ciudadana.
La finalidad de los cursos de formación y adiestramiento para componentes de la organización en emergencias es la preparación del personal que forma parte de los equipos de intervención y evacuación en los centros de trabajo de la Administración Regional para ejecutar planes de emergencias en situaciones extraordinarias.
Dentro de las políticas de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia ocupa un lugar importante la prevención de riesgos laborales.
En octubre de 2007 se firmó con los sindicatos el Acuerdo de Salud Laboral, que afecta a casi 71.000 empleados públicos de la Junta de Comunidades y a unos 2.000 centros de trabajo en toda la región, con un coste anual de casi 2,5 millones de euros.
La Consejería de Administraciones Públicas y Justicia cuenta con una Evaluación Inicial de Riesgos Laborales de todos los centros de la Administración General de la Junta, así como con Planes de Emergencia y Evacuación.
Entre los años 2008 y 2010 está programada la revisión de la ejecución de medidas de prevención propuestas y las actuaciones previstas en las evaluaciones de riesgos, así como la actualización de los Planes de Emergencia, con el objetivo de llegar a la totalidad de los centros y puestos de trabajo.
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