El juicio por la demanda promovida por la viuda y tres hijos de Antonio Martínez Picazo, ex trabajador de Izar fallecido hace ocho meses de enfermedad derivada del uso del amianto, quedó ayer visto para sentencia, después de que varios compañeros del fallecido testificasen que, mientras fueron empleados del astillero –a principios de los años sesenta y en los setenta– la empresa no les informó sobre la adopción de medidas para evitar la contaminación por amianto ni les facilitó medios de protección contra la asbestosis –enfermedad derivada de la inhalación de vapores de esa misma sustancia–. Es el primer juicio contra esta empresa y por este asunto que se celebra en Cartagena. En el astillero se han detectado una treintena de casos.
Martínez Picazo fue electricista de Izar en dos etapas: de febrero de 1960 hasta marzo de 1964, y de junio de 1972 hasta febrero de 1999. Este ex trabajador presentó una demanda contra Izar por padecer una enfermedad derivada del uso del amianto, como certifican el hospital de la Arrixaca y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, aunque falleció antes de que el juicio se celebrase. La demanda la han recogido sus herederos, que piden 360.607 euros (60 millones de pesetas).
El representante de estos, Mariano Rosique, citó a varios ex trabajadores –Manual Cruz, Antonio Sánchez y Benigno Conesa– que indicaron que, en aquellos años, la empresa no había adoptado ninguna precaución para evitar los problemas derivados del amianto –por lo menos, en su gremio–, pese a que en la construcción de barcos los electricistas trabajaban con los forradores –que cubrían con amianto las tuberías– y otros colectivos, lo que provocaba un «clima irrespirable», hasta el punto de que tenían que salir a respirar. Los electricistas usaban hilo de amianto para empaquetar los cables que iban de una caja a otra. En largas jornadas laborales –hasta de 36 horas– se protegían del frío con mantas de este material.
Estas manifestaciones pretendían desmontar una de las dos tesis de la empresa: que los electricistas no eran un grupo de riesgo y que, en cualquier caso, Izar había tomado todas las precauciones con los trabajadores, quienes pasaban controles médicos. La segunda de sus líneas de defensa fue que no se podía acreditar que Martínez Picazo había cogido la enfermedad en Izar, dado que también trabajó para otras empresas. Este aspecto fue rebatido por Rosique: cuando Martínez Picazo no estaba en Izar, estaba embarcado, lo cual reducía las posibilidades de sufrir la enfermedad.
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