El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró hoy que el Gobierno realizará el máximo esfuerzo en reducir “drásticamente” los niveles de siniestralidad laboral y confió en que los agentes sociales y económico se sumen a este objetivo. “La siniestralidad laboral está descendiendo en España, pero aún no es suficiente”, afirmó Caldera, quien subrayó que “el Ejecutivo tiene en esta materia una de sus mayores preocupaciones”.
El titular de Trabajo indicó que uno de los “costes más dramáticos” asociados a la precariedad es el de la siniestralidad laboral, aspecto que “por fortuna” comparten los empresarios y trabajadores y que, según dijo, “será uno de los elementos esenciales para el acuerdo de competitividad y empleo estable”.
Caldera insistió en la necesidad de reforzar la actuación de la Inspección de Trabajo y continuar con el desarrollo y aplicación del plan de choque que opera sobre sectores y actividades con mayores tasas de siniestralidad, que en la actualidad lo están desarrollando las comunidades autónomas al tener competencias en la ejecución de la legislación laboral.
Además de ello, el titular de Trabajo recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en el debate de investidura a llevar a cabo un plan de actuación específico abordado con sindicatos y organizaciones empresariales para reducir “drásticamente” la siniestralidad.
Dicho plan, según dijo, contempla la revalorización de los instrumentos técnicos de que dispone el Estado adecuándolos a la nueva estructura socioeconómica, mecanismos de coordinación entre diferentes administraciones públicas, reforma del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, creación de una Agencia Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo y reordenación del marco normativo de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Asimismo, el plan aborda otras cuestiones como la mejora de mecanismos de participación de los trabajadores y sus representantes desarrollando un marco adecuado de representación a escala sectorial y territorial, incentivar la introducción de programas de I+D+I a los planes y programas de investigación preventiva de las empresas, puesta en marcha de un plan nacional de vigilancia de la salud y establecimiento de garantías en relación con el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en la ejecución de obras y servicios contratados por las administraciones públicas.
“En resumen, mejoras de políticas activas de prevención de riesgos laborales, mejora de colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y articulación de medidas concretas para facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención, en particular lo que se refiere a las medianas y pequeñas empresas. Creo que así haremos lo que quiere la sociedad española”, dijo Caldera, en respuesta a una pregunta formulada por la senadora del Grupo Parlamentario Mixto Isabel López sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la elaboración de un plan de choque contra la siniestralidad laboral con plazos de ejecución y acciones concretas.
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