A partir de esa fecha, ninguna sociedad podrá ser contratada o subcontratada, así como ningún trabajador autónomo, si no está autorizado por la autoridad laboral y figura en el citado listado.
El Gobierno atribuye esa situación a que algunas de las empresas son muy pequeñas, de apenas un autónomo que realiza diversos trabajos especializados y que todavía no se han enterado de la nueva normativa. El tripartito ha solicitado a las patronales que difundan al máximo la obligación legal entre sus asociados para que no haya problemas en el futuro.
El objetivo del registro es controlar a las empresas que entran en las cadenas de subcontratación para garantizar que cumplan unas normas mínimas de organización interna que acrediten la calidad en el empleo y, por lo tanto, la seguridad de sus plantillas.
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