España es uno de los países con mayor siniestralidad laboral. La lucha contra esta lacra llevó a firmar un protocolo de actuación, que un año después ha sido valorado por los distintos actores. La principal conclusión es que los empresarios no son conscientes aún en muchos casos que un accidente laboral puede comportar responsabilidades penales.
El protocolo intenta que ningún aspecto de un accidente quede sin investigar. De ahí que la Fiscalía de Cataluña tenga un fiscal delegado para este tipo de accidentes y actúe en coordinación con la Inspección de trabajo y los Mossos d’Esquadra, la Policía, la Guardia Civil y los hospitales.
Para Mario Ibáñez, experto laboralista de Uría Menéndez, en Barcelona, no se detecta entre los empresarios una preocupación especial por el protocolo, pero la prevención de la siniestralidad laboral “es muy mejorable”. En su opinión, es básico que los empresarios entiendan que destinar recursos económicos a la prevención de riesgos laborales no es un gasto, sino una inversión.
Por ello, la evaluación de los riesgos laborales no se debe basar en los criterios de probabilidad —las posibilidades de que ocurra un accidente— ni en criterios de severidad —el nivel de gravedad de los posibles accidentes—. Estos criterios, bastante extendidos, pueden ser una de las causas de los elevados niveles de siniestralidad en España, según Óscar Morales, penalista de Uría Menéndez. Para este letrado es bueno en el sentido de que no quedan flecos por investigar. Sin embargo, considera que la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 debería ser revisada. “Hay que articular una mejor normativa”, asegura. Además, destaca problemas cuando un accidente deriva a la vía penal para establecer quién es el sujeto responsable, y posibles interferencias entre la investigación policial y judicial y las de Inspección de Trabajo.
Sobre este aspecto, considera que la actuación de la Inspección debería paralizarse cuando hay abierta una investigación judicial.
Una mejora de la normativa de base, concluye este abogado, podría ayudar a reducir el elevado índice de siniestros en el ámbito del trabajo en nuestro país.
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