La fiscalía reclama una pena de cuatro años de prisión para dos empresarios de la construcción presuntamente implicados en un grave accidente laboral en el Port de Sóller en el que un obrero quedó inválido y, cuatro años después, falleció a consecuencia de las lesiones y secuelas sufridas.
El ministerio público, que les acusa de un delito contra la seguridad de los trabajadores y otro de lesiones imprudentes, también solicita que ambos sean inhabilitados para ejercer la profesión de constructor por un periodo de cinco años. Además, pide que indemnicen a los herederos de la víctima con 150.000 euros. La vista oral contra la pareja de imputados debía celebrarse ayer en los juzgados de Vía Alemania de Palma, pero el juicio se suspendió para el próximo mes de marzo.
Los hechos se remontan al pasado 21 de noviembre de 1999 cuando la empresa encausada realizaba unas obras de reparación en un hostal del Port de Sóller. Aproximadamente a las diez de la mañana, José Pascual P.D., un albañil que reparaba la cubierta inclinada del tejado del establecimiento, se precipitó al vacío cayendo de una altura de tres metros al hundirse la cubierta.
El trabajador no llevaba casco, arnés o cinturón de seguridad y no existían redes, barandillas, tablones u otras medidas de seguridad que mitigaran el riesgo de caída o sus consecuencias.
Los acusados no habían facilitado a sus empleados dichos medios de seguridad y tampoco les habían dado formación e instrucción sobre prevención de riesgos y seguridad en el trabajo. La empresa constructora, además, carecía de coordinador de seguridad en dicha obra en la que intervenían al menos 19 trabajadores y no había elaborado ningún estudio o proyecto sobre seguridad.
Tras el hundimiento de la cubierta y la caída del operario, éste sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y tuvo que ser intervenido en varias ocasiones. Meses después, se le otorgó la incapacidad absoluta y el 16 de septiembre de 2003 murió debido a las graves lesiones y secuelas producidas por el siniestro, según el fiscal. La constructora no comunicó el accidente a la autoridad laboral para evitar una inspección y trató de considerar el siniestro como leve. Días después de los hechos, la empresa solicitó la licencia municipal de obra así como los servicios de prevención en riesgos laborales.
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