El Juzgado de lo social ha sancionado al Ayuntamiento de Gijón por el accidente de una trabajadora del Plan PILES que, según un informe de Inspección de Trabajo, no contaba con las medidas de seguridad necesarias en el desarrollo de su labor. Lucía Ezquerra, concejala del grupo municipal popular, se encargó ayer de denunciar públicamente esta situación y su coste para las arcas municipales, ya que se obliga al Ayuntamiento a abonar un incremento del 40% en todas las prestaciones que reciba la trabajadora, que ahora mismo sufre una situación de incapacidad permanente.
El accidente tuvo lugar el 15 de octubre del año 2003, cuando la trabajadora levantaba una tapa de alcantarilla para colocarla en una carretilla. En un momento de la operación la empleada del Plan PILES metió la pierna izquierda en el hueco de la alcantarilla rompiéndose la tibia de la pierna derecha. El equipo estaba realizando una obra en el polígono de Roces. El juzgado considera que el Ayuntamiento es responsable de una falta grave en cuanto a la carencia de medidas de seguridad ya que la normativa exige dotar al trabajador de un medio mecánico para levantar las tapas de alcantarilla.
Además, en la sanción se recuerda la obligación del empresario, en este caso el Ayuntamiento, de informar y formar a los trabajadores sobre protocolos de actuación. Formación que, en este caso, se considera «insuficiente» desde la perspectiva del juez. Igual que los medios al alcance de la trabajadora. El recurso interpuesto en junio del año pasado por el Ayuntamiento ha sido desestimado.
Según los cálculos de Ezquerra, el accidente ya le ha costado al Ayuntamiento 27.620,95 euros «que no quedarán ahí porque deben hacerse cargo de un recargo del 40 por ciento de la pensión que reciba a partir de ahora». La edil popular anunció que está analizando otros casos en los que el Ayuntamiento es castigado por no cumplir con la normativa de riesgos laborales en actuaciones de todo tipo. «Este no es el único caso», anunció como adelanto de su investigación.
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