Cuatro empresarios se enfrentarán mañana en los Juzgados de Avilés a una pena de un año de cárcel, una multa y arresto domiciliario cada uno por la caída de un trabajador desde una viga durante las obras de rehabilitación del palacio de Camposagrado en el año 2003.
El fiscal acusa a los empresarios (R.C.I., jefe de obra, y A.G.M. encargado de obra), como adjudicataria de los trabajos, y a los de una empresa de encofrados (M.L.L. y J.A.R.R.), empresa a la que la anterior encargó las obras de cajeado del muro de fábrica para alojamiento de las vigas y la colocación de estructura metálica sobre las vigas existentes y a la que pertenecía el trabajador P.A.F.A., de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave. La fiscalía solicita, además, que las promotoras paguen 22.600 euros al operario.
P.A.F.A. se cayó al suelo desde una altura de 3,60 metros al estar trabajando sin ninguna protección, según constata el fiscal en el escrito, golpeándose la cabeza, el tórax y el brazo y sufriendo un traumatismo craneoencefálico. Necesitó para su curación casi un año y le quedaron significativas secuelas.
El operario, antes de sufrir el accidente, había solicitado a uno de los responsables de un arnés o la instalación de una red por el peligro de caída. La red le fue denegada por «resultar demasiado cara». El fiscal también explica que en el accidente contribuyeron que el plan de Seguridad y Salud no incluyó los procedimientos de trabajo para la realización de los forjados de madera, la falta de coordinación entre FCC y la subcontrata de encofrado en materia de prevención de riesgos laborales, y la ausencia de protección contra caídas. Además, el trabajador accidentado no había recibido formación ni información preventiva.
Cada uno de los acusados, según el fiscal, deberá ser condenado, por el delito contra los derechos de los trabajadores, a las penas de un año de prisión y multa de nueve meses, que para J.A.R. y M.L. ascenderán a más de 6.500 euros, para R.C.I. a 4.000 euros y para A.G.M. a 2.700 euros. Por el delito de lesiones, la fiscalía solicita una pena de arresto de quince fines de semana y abono de las costas.
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