La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) abogó ayer por aumentar el número de inspectores de Trabajo y las sanciones para luchar contra los que denomina «empresarios piratas». Un incremento que considera necesario junto a la aplicación de la nueva ley de subcontratación, cuyo reglamento para desarrollarla fue aprobado el pasado viernes por el Gobierno central. La patronal de los constructores asturianos espera que en la región se empiece a aplicar este reglamento en el primer trimestre del próximo año.
Los objetivos últimos de la ley que regula la subcontratación en el sector de la construcción son acabar con la precariedad y la siniestralidad laboral. Para ello, se obliga a todas las empresas a estar registradas, con una organización productiva propia y a contar con los medios naturales y humanos necesarios para realizar la obra y con formación en prevención de riesgos laborales.
La nueva ley limita a tres niveles la cadena de subcontratación y la empresa matriz o principal debe tener un libro de registro de las compañías subcontratadas y es la responsable de que estén convenientemente registradas y tengan a sus trabajadores al día con la Seguridad Social.
Daniel Balbín, director general de la Confederación Asturiana de la Construcción, se mostró confiado en que la Consejería de Industria y Empleo cree el registro de empresas de la construcción y lo ponga en marcha en el primer trimestre del próximo año. Según explicó, «es indudable que esta medida servirá para ponérselo más difícil a los empresarios piratas», en referencia a aquellos que, en función de las necesidades que se le planteen, llevan a las obras a trabajadores a los que no dan de alta en la Seguridad Social y de los que se deshacen cuando no les hacen falta sin cumplir ninguno de los requisitos legales que están en vigor.
De todas maneras, Daniel Balbín añadió que «para acabar con el “pirata” hace falta mucha actuación de la Inspección de Trabajo y sanciones duras». Añadió que «la Inspección aquí está desbordada y aunque los empresarios y los sindicatos pongamos a personal propio a vigilar, la competencia de actuación no es nuestra. Los delegados de prevención pueden denunciar, pero no sancionar, y eso es un problema para todos, para los trabajadores y para los empresarios que cumplen con sus obligaciones».
La Confederación Asturiana de la Construcción tiene unas 600 empresas asociadas que copan aproximadamente el 90 por ciento de las obras que se desarrollan en Asturias.
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