La Asociación Anti Mobbing de Castilla y León (Amocyl), creada el pasado 6 de junio con el objetivo de dar a conocer la práctica del acoso laboral en el trabajo, reclamó ayer la colaboración de todas las fuerzas políticas para «extirpar» de las relaciones laborales este fenómeno, que consiste en desgastar al trabajador a través de la humillación y que puede derivar en enfermedades como la depresión, la angustia y el estrés.
La dirección de esta organización se entrevistó ayer con el secretario general del PSCL- PSOE, Ángel Villalba, y otros representantes socialistas, quienes se comprometieron a presentar en las Cortes una proposición no de ley en la que figura una solicitud para modificar la legislación laboral para poner coto a esta situaciones.
La organización cifró en 60.000 los afectados en Castilla y León por prácticas de acoso laboral. Los datos se extraen de un estudio realizado por la Universidad de Alcalá de Henares que concluye que 1,5 millones de personas están afectadas en España.
También existe un trabajo de la Fundación Europea para la Mejora de la Calidad de Vida de los Trabajadores que, a través de una encuesta a 21.500 empleados de la Unión, cifró en un 8% el número de afectados.
Pedro Cortés González, presidente de la organización, señaló que la puesta en marcha de Amocyl representa la «lucha» contra el acoso moral en el trabajo que, a su juicio, «tiene un resurgir potente». La práctica aparece, más que en la empresa privada, en las administraciones públicas.
Aunque también se encuentra, según precisó Ángel Villalba en sociedades que se encuentran «en crisis permanente». Así, el secretario del PSCL-PSOE citó Antibióticos en León o fábricas de azúcar. «Los trabajadores de estas empresas no pueden vivir con la tranquilidad vital porque no saben qué va a ser de ellos, es una peculiaridad que repercute sobre la salud y la calidad de vida de centenares de trabajadores», afirmó el dirigente socialista.
El responsable de Amocyl conoce casos en el ámbito sanitario y se refirió a ciudades como Burgos, Salamanca y Valladolid. «En la administración, detrás de cada caso, hay corrupción encubierta total por las repercusiones económicas y las bajas que se producen por este tema», apuntó Cortés González.
Este contenido ha sido publicado en la sección Noticias de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
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