La Policía Nacional procedió ayer la registro de la sede de la Mutua Universal a raíz de una querella por presunta malversación de caudales públicos que la Fiscalía ha presentado contra varios directivos de la entidad, a los que acusa de desviar fondos de la Seguridad Social para destinarlos a otros fines.
El registro, ordenado por el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona que investiga la querella y que no ha producido hasta ahora detenciones, se ha llevado a cabo desde primera hora en la sede principal en Barcelona de Mutua Universal, la tercera de España y la segunda de Cataluña en su sector y que da asistencia a 142.000 empresas y a 1,4 millones de trabajadores.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a varios responsables de la Mutua Universal, presidida por Juan Echevarría Puig, de haber desviado una parte de las cuotas de la Seguridad Social que percibe a fines distintos de los legalmente propios de la actividad mutualista.
Por su parte, el comité ejecutivo de la Mutua Universal ha defendido su inocencia, ha asegurado que todas sus actuaciones “han sido en beneficio de las empresas y trabajadores asociados” y ha vaticinado que la investigación contribuirá “a la satisfactoria aclaración de los hechos”.
La investigación, que está en fase “muy embrionaria” y bajo secreto de sumario, según un portavoz del ministerio público, es resultado de una denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción la Intervención General de la Seguridad Social, que controla las actividades de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.
La Intervención de la Seguridad Social detectó “graves irregularidades” en la gestión de Mutua Universal, que podría haber desviado cantidades millonarias.
Por este motivo, la Secretaría de Estado de Seguridad Social ha iniciado ayer el procedimiento administrativo para adoptar medidas cautelares respecto a la entidad, que se tramitará de forma paralela a las actuaciones que pueda llevar a cabo el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza a la aseguradora desde marzo pasado.
En el registro, en el que ha estado presente por voluntad propia el propio Echevarría, la policía ha incautado abundante documentación y material informático para intentar comprobar si ha existido un desvío de fondos públicos.
Precisamente, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social recibió hace unos meses una denuncia de la Federación ASPA, patronal que agrupa a servicios de prevención laboral ajenos, que acusó a la mutua de utilizar las cuotas que percibía del Estado por accidentes laborales para negocios privados.
Juan Prat, presidente de la Federación ASPA, que cuenta con 270 empresas asociadas en toda España, ha explicado que el desvío de fondos públicos por parte de Mutua Universal es “histórico” y constituye “competencia desleal” para el resto de sociedades que trabajan en el sector de la prevención de riesgos laborales.
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