La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado y dejado sin efecto hasta tres sentencias de juzgados de lo social sevillanos y ha declarado el derecho de trabajadores de la empresa Uralita a ver recargada en un considerable tanto por ciento la prestación por incapacidad permanente total derivada de la enfermedad profesional por la exposición al amianto.
Las recientes resoluciones judiciales estiman parcialmente los recursos de suplicación interpuestos por estos empleados frente a aquellas sentencias que en su día resultaron desestimadas y que, por mediación de la Asociación de Víctimas del Amianto “Avida” Andalucía, acogen las pretensiones de las demandas sobre prestaciones presentadas en su día.
Estas sentencias vienen a dar la razón a los trabajadores expuestos al amianto, en este caso a los pertenecientes a Uralita en Sevilla, que es condenada al abono del recargo de hasta un 30 por ciento. Según recuerda Avida, es igualmente aplicable a otros sectores expuestos como los trabajadores de astilleros, Renfe, etc, aunque Uralita S.A., en estos casos concretos, infringía determinadas medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
“Lo cierto es que, tal y como se ha indicado, la empresa demandada, empleadora del trabajador, ha incumplido normas concretas destinadas a prevenir riesgos laborales y no puede descartarse que estos incumplimientos normativos tengan conexión directa con la enfermedad”, dice una de estas sentencias, que añade que “si se hubieran adoptado las medidas de seguridad y prevención que las normas infringidas imponían, tal vez se hubiera evitado la absestosis que ha contraído el trabajador”.
Avida se congratula de que “si ya fueron en su día motivo de gozo las sentencias estimatorias obtenidas en los juzgados de lo social”, estos fallos recientes “obtienen un mayor significado y peso jurídico”, con la “esperanza” de que “así sea en muchos otros, con una respuesta afirmativa, un sí a la justicia frente a la impunidad de quienes hipotecaron la salud de sus trabajadores”.
En la primavera de 2004, el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla dictó una sentencia pionera contra Uralita que obligaba a la empresa a incrementar en un 40 por ciento la pensión de viudedad de una mujer cuyo esposo falleció en abril de 2002 como consecuencia de mesiotelioma pleural derecho, enfermedad provocada por la inhalación de fibras de amianto existentes en la fábrica de la compañía.
Se trataba de uno de la veintena de casos en los que viudas de ex empleados que, a través de la Asociación Avida, han presentado demandas en los tribunales de cara a aumentar su pensión, y que dio entonces su primer resultado favorable a estas mujeres tras dos demandas anteriores desestimatorias.
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