Varios ex trabajadores de la extinta fábrica de Fibrocementos de Levante, del grupo Uralita, han fallecido desde que ha comenzado el año. Las muertes se han producido a causa de la asbestosis (una enfermedad profesional que se origina por la aspiración de fibras del mineral amianto), del cáncer de pulmón y del mesotelioma pleural. Los fallecimientos de los enfermos pulmonares han alarmado al colectivo de afectados, que aguarda con impaciencia el señalamiento de un juicio oral en el que la Fiscalía sentará en el banquillo de los acusados a dos altos directivos del grupo Uralita y a dos médicos.
La información la ha conocido este diario de fuentes próximas a un asunto judicial que se prolonga desde que en el año 1997 se iniciara un litigio judicial a cargo de seis ex trabajadores de la fábrica Fibrocementos por un supuesto delito contra la seguridad y salud de los trabajadores entre el año 1984, en el que entró en vigor el Reglamento de Trabajos con Riesgo de Amianto, y el año 1990. Pese a estos fallecimientos, la Asociación de Enfermos por el Amianto no ha dado publicidad con el fin de no interferir lo más mínimo en el proceso final de la instrucción del caso. Entre los trabajadores muertos hay algún operario con menos de sesenta años que incubó a principios de la pasada década, cuando contaba con cuarenta años, la enfermedad profesional de la asbestosis.
Aunque desde la Audiencia Provincial y de la Fiscalía se apuntó hace ahora un año a la posibilidad de que el juicio oral se celebrara en el mes de septiembre, diversos motivos están alargando más de la cuenta dicho juicio. Uno de los principales fue una excedencia, por motivos personales, del juez instructor de San Vicente, Juan Antonio Hurtado, ausente entre principios de septiembre y finales de diciembre.
El togado ya se incorporó al puesto y está ultimando las diligencias previas. Según explicó ayer uno de los abogados de la acusación particular, José Manuel Sánchez, sólo uno de los cuatro imputados en el caso (dos altos directivos del grupo Uralita y dos especialistas en medicina del trabajo) todavía no ha presentado el correspondiente escrito de defensa ante el juez instructor. Este trámite podría concretarse en dos o tres semanas. El letrado Sánchez intuye que dentro de dos meses, a finales de junio o principios de julio, podría celebrarse la vista oral, que durará no menos de dos semanas, según su previsión.
La siguiente diligencia judicial será un auto dictado por el juez instructor de San Vicente de remisión del caso a los Juzgados de lo Penal de Alicante, para su correspondiente reparto. Eso en caso de que el juez instructor no admita a trámite nuevas propuestas de la defensa de los cuatro imputados.
En sus escritos de defensa, los tres imputados que ya han alegado a la calificación del fiscal fundamentan su base esculpatoria en cuestiones estrictamente médicas en el caso de los que controlaban los chequeos médicos.
Según el letrado de la acusación particular, en estos casos aseguran que «no había base que presentara en los trabajadores la sintomatología de la enfermedad en grado grave que pudiera determinar el diagnóstico de asbestósico pulmonar». En el caso del directivo, su defensa se basa en derivar automáticamente a los dos médicos de la salud imputados la responsabilidad en el control de la plantilla. Además, también alegan que los casos se contraerían antes del año 84, en el que entró en vigor el Reglamento de Trabajos con Riesgo de Amianto. El fiscal pide doce años de cárcel para los cuatro acusados e indemnizaciones que suman más de nueve millones de euros para los afectados y para los herederos de los trabajadores fallecidos, según la calificación definitiva.
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