El titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número uno de San Vicente, Juan Antonio Hurtado, se reunirá con los responsables del Instituto de Medicina Legal y de la Clínica Forense del Palacio de Justicia de Benalúa de Alicante con el ánimo de acelerar la fase de diligencias previas y de investigación del denominado caso amianto, uno de los asuntos judiciales de origen laboral de mayor calado de la provincia, junto al caso Ardystil. Previsiblemente, el togado solicitará a los médicos forenses, que realizaron entre el 20 de enero y el 10 de febrero análisis individualizados de dieciséis enfermos de la fábrica Fibrocementos de Levante, información adicional sobre los afectados.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario informan de que el juez tiene la intención de acelerar un caso que se remonta, por la vía penal, a abril de 1998. No se descarta de que después de esta nueva diligencia se remita toda la documentación a la Fiscalía de la Audiencia para que califique definitivamente y se abra juicio oral contra algunos de los responsables médicos y directivos de Fibrocementos de Levante y de la matriz, el Grupo Uralita.
El mismo fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José Antonio Romero, admitió hace unos meses que éste caso, junto a otro relacionado con tráfico de drogas, eran los dos asuntos judiciales que más retraso acumulaban en la provincia y se comprometió a agilizar ambas causas. La reunión que hoy mantendrán el juez y los médicos forenses que han practicado las pruebas periciales individualizadas a quince enfermos (cuatro de ellos a través de sus familiares, al haber fallecido ya por la enfermedad profesional asbestosis o algunas de sus derivaciones, como cáncer de pulmón, de laringe o mesotelioma pleural) tiene como objetivo unificar criterios y solicitar información adicional, posiblemente a algún centro privado, como el Instituto de Radiología de Alicante y al juzgado de lo Social que falló contra seis ex empleados de la fábrica de tubos, pese a que en abril del 2001 la sala de lo Social del TSJ condenó a la empresa a incrementar las pensiones de los afectados al observar «irregularidades en los reconocimientos médicos.
Las pruebas médicas, con carácter privado e individual, se practicaron entre el 20 de enero y el 10 de febrero y en ellas intervinieron varios médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Alicante. Varios de los afectados alegaron ante los médicos judiciales, al ser preguntados por éstos, que no tenían más documentación clínica y que esos chequeos están en poder del Instituto Radiología de Alicante. El objetivo de este informe, que lo solicitó la acusación particular y el Ministerio Fiscal al juez hace ya año y medio, es determinar si existen indicios penales de que, pese a saber que existía un riesgo real de contraer la enfermedad asbestosis por inhalación de fibras de amianto en el ambiente, la empresa mantuvo en sus puestos de trabajo a los operarios después de la entrada en vigor del Reglamento de Trabajos con Riesgo de Amianto, en el año 1984, tal y como sostiene la asociación de afectados y los denunciantes.
El director del Instituto de Medicina Legal de Alicante, Rafael Bañón, explicó el pasado 1 de febrero a este diario que, en algunos casos, la información aportada por los enfermos es muy irregular. Los forenses, que no han determinado aún si los ex empleados fueron expuestos al riesgo aún conociéndolo la empresa, analizan también si existe relación de causalidad entre otros tipos de cánceres contraídos con la aspiración de amianto en la fábrica Fibrocementos.
En las próximas semanas será remitido el informe a la Fiscalía de la Audiencia, que tendrá que decidir si mantiene la acusación por un supuesto delito o falta. Además, determinará si han finalizado las diligencias previas.
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