La Generalitat Valenciana es la responsable civil subsidiaria. Ni ella ni las dos compañías de seguros de las empresas que trabajaron en la construcción del Pont del Bimil.lenari entre 1998 y 2000 se han interesado siquiera por la situación de un albañil ilicitano, José María C. G., de 44 años, que sufrió un grave accidente laboral mientras realizaba las labores del encofrado de la obra. El trabajador ha sido declarado minusválido por la Seguridad Social y tiene pensión de invalidez permanente. Ante el silencio de las compañías aseguradoras, el obrero ha optado por ir a los tribunales. Además de pedir un año de prisión para los que se hallen culpables del accidente, la víctima solicita una indemnización de 20 millones de pesetas.
El accidente laboral se produjo sobre las diez de la mañana del 9 de noviembre de 1998. La víctima, José María C. G., se encontraba trabajando en el encofrado del Pont del Bimil.lenari cuando cayó al vacío desde una altura de ocho metros, según consta en la denuncia presentada en el juzgado. La empresa ilicitana en la que trabajaba la víctima había sido subcontratada por la adjudicataria de las obras, Fomento de Construcciones y Contratas. La Generalitat licitó la construcción del puente por un importe de 2.000 millones de pesetas.
«Dos días después del suceso, la comisión de control de la obra se reunió y decidió colocar plataformas de trabajo ancladas, redes protectoras y cable de atados para los obreros, circunstancia que no hace más que reforzar el testimonio de la víctima que asegura que realizaba su labor sin ningún tipo de protección, a pesar de ser las medidas obligatorias», afirma uno de los dos letrados que se encargan del caso de José María.
Ambos insisten en que la tardanza de nueve días del inspector de trabajo en acudir al lugar del accidente y de la del Gabinete de Seguridad e Higiene en el trabajo, ocho días, han impedido redactar un informe real de cómo y por qué ocurrió la caída del obrero. «Cuando se inspeccionó el escenario del siniestro, todo había cambiado», precisa uno de los abogados. José María fue trasladado de inmediato al Hospital General de Elche, en un estado de extrema gravedad. Estuvo ingresado 17 días en la Unidad de Cuidados Intensivos e impedido durante 216. Sufrió la fractura de la novena vértebra dorsal y como consecuencia del golpe padece insuficiencia respiratoria, una pérdida de movilidad articular de un 31% y una sifosis del 40%. El Instituto Nacional de la Seguridad Social lo ha declarado minusválido y le ha otorgado una pensión de invalidez permanente. La cuantía de la misma ha sido calificada de «pura miseria» por los letrados, máxime siendo José María padre de varios hijos.
Pese a la gravedad del caso, la víctima y su familia llevan tres años esperando que las dos compañías de seguros involucradas así como la Generalitat contacte con ellos para establecer un resarcimiento económico. «Lo más chocante –insisten los letrados– es que una de las aseguradoras conoce el caso a la perfección porque se ha personado en la denuncia penal que se ha interpuesto en los juzgados».
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