Previamente las dos partes personadas habían elevado a definitivas sus calificaciones, el fiscal manteniendo su peticiones de pena de un año de prisión para cada procesado por un delito contra el derecho de los trabajadores y multa de nueve meses con cuota diaria de 12 euros, y 40 días de multa con cuota de 12 euros por una falta de homicidio por imprudencia leve, y la defensa, por su parte, abogando por la libre absolución de sus clientes.
Si bien uno y otro coincidieron en que estamos ante un fatal accidente “resultado probablemente de un serie de comportamientos erróneos (se pudo equivocar en el botón que pulsó provocando la inclinación) y negligentes (no puso los pestillos o topes de la plataforma) y de descuidos (igualmente se colocó debajo no respetando la distancia de seguridad), el fiscal tiene claro que es obligación del empresario dotarle de los medios necesarios que le pongan a salvo de cualquier actividad que pueda suponerle un riesgo de accidente, o dicho de otra manera debe protegerles incluso de su propia negligencia, en este caso formándolo adecuadamente, impidiendo que dada su avanzada edad realizase actividades intrísamente peligrosas, poniendo menos carga o estanterías más ligeras y obligándole a que usase los botones que están dentro o en un lado del camión y no el mando a distancia que conlleva más peligro”.
La defensa, por su parte, que rechazó que por parte de los dos procesados hubiese “habido un desprecio total hacia las normas de seguridad”, recordó que “ni uno ni otro son técnicos en seguridad por lo que acudieron a una empresa de prevención que les hizo un plan genérico, no específico, y les dio también asesoramiento e información, hicieron, en definitiva, lo que creían que era lo mejor, además de que el sistema empleado de carga y descarga se da la casualidad de que es el usado por todo el sector y desde luego no ha sido diseñado por ellos”.
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