Un total de 96 personas murieron en Cataluña entre los meses de enero y junio, cifra que supone un incremento del 17% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Así lo hizo público ayer el director general de Relaciones Laborales de la Generalitat, Jaume Abat, tras una reunión con los sindicatos y la patronal mantenida con motivo de los nueve muertos de la semana pasada.
«Hasta mayo éramos una de las comunidades autónomas con menor siniestralidad», aseguró Abat. Ciertamente, el conjunto de los accidentes laborales en el primer semestre se redujo en un 4,25% respecto al año pasado, aunque está cifra queda disfrazada por el hecho de que son los accidentes leves los que más han disminuido.
A la salida de la reunión, los portavoces sindicales lamentaron la «falta de un compromiso real a pesar de la gravedad de la situación» por parte de la Generalitat y la patronal para acabar con la siniestralidad laboral y criticaron que las acciones ofrecidas por el Govern constituyen tan sólo «una expresión de buena volundad».
Por el momento, el departamento de Treball se ha comprometido a reclamar al gobierno central una veintena de inspectores de trabajo más para Cataluña, que se sumarían a los 70 ya existentes. La Generalitat también ha prometido que durante lo que queda de verano pondrá en marcha una campaña de prevención específica en el sector de la construcción, que es el que registra una mayor siniestralidad.
Entre las reivindicaciones más destacables de CCOO y UGT al Consell Executiu se encuentra la incorporación de la policía municipal y autonómica a las tareas de vigilancia de la inspección de trabajo, después de recibir una formación específica.
Los agentes sociales exigen también el traslado de todas las investigaciones a la Fiscalía de Cataluña, así como la personación del Govern en los procesos judiciales en los que se demuestre que los accidentes se han producido por falta de medidas de seguridad.
Asimismo, los sindicatos proponen la creación de la figura del delegado territorial de Prevención, Salud y Seguridad en el Trabajo, que sustituya las funciones del delegado de prevención en cada centro de trabajo tal y como está actualmente establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. «Esta ley general es difícilmente aplicable en el sector de la construcción debido al enorme índice de contratación, el prestamismo y la temporalidad de los trabajadores», explicó Florentino Rodríguez, responsable del sector de la construcción de UGT. Según los sindicatos, esta medida ya se ha implantado con éxito en otras comunidades como Madrid o Andalucía.
Sin embargo, para la patronal catalana de Fomento de Trabajo la petición de este delegado supone una «incoherencia». «Está fuera de la ley pactada y ahora habría que centrarse en los puntos sobre los que ya se llegó a un acuerdo», opinó Rafael Romero, responsable del sector de la construcción.
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