El número de accidentes laborales mortales in itinere ha aumentado de tres a nueve entre enero y octubre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, según ha indicado la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, a quien ha interpelado el diputado de Podemos Román Sierra en la sesión plenaria ordinaria de las Cortes autonómicas.
Gastón ha expuesto que, en conjunto, se han registrado 22 accidentes laborales mortales, uno menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que se han contabilizado 95 accidentes graves en jornada laboral, más que en 2017, y seis in itinere, menos que el año pasado, de un total de 13.123 accidentes en el lugar de trabajo, 1.766 in itinere.
“Son problemas graves”, ha reconocido la consejera, quien ha apelado a “la concienciación” no solo de las empresas, sino también de los trabajadores, indicando que la estrategia del Departamento se despliega en dos líneas: la “sensibilización” y el control y las sanciones, que se intensificarán.
De esta forma, la consejera ha aseverado que este no solo es un problema “recurrente”, sino que “sigue al alza” y constituye “una lacra”, observando que la calidad del empleo no solo atañe a la temporalidad o los salarios, sino también a la formación y la salud laboral, en beneficio de un trabajo “seguro”.
Por su parte, Román Sierra ha enmarcado la siniestralidad laboral en la persistencia de la precariedad laboral, que “tiene mucho que ver”, considerando que ha aumentado desde 2012, cuando se aprobó la última reforma laboral, que “provoca accidentes, problemas de salud y la muerte” en el ámbito laboral.
Los accidentes “van en aumento”, ha alertado Sierra, apuntando que -según UGT_cada día 50 trabajadores sufren accidentes en Aragón y, además, están aumentando las lesiones graves y leves, afectando “mucho más” a las mujeres los accidentes in itinere.
Por este motivo, ha preguntado por qué no se está poniendo en marcha el plan de acción de la Estrategia de Salud en el Trabajo 2017-2020 y ha reclamado a la consejera que acuerde la realización de una encuesta sobre condiciones laborales, que se pactó con los sindicatos.
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