El ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hizo público en el mes de marzo de este año un documento vinculante que reflejaba todas las condiciones laborales a las que, por ley, tienen derecho las trabajadoras y trabajadores que desempeñan su trabajo en el campo de los servicios en el hogar familiar. Este escrito constituye un importante paso adelante, pero las reinvidicaciones del colectivo a nivel nacional van más allá. Entre las más importantes, se encuentran la necesidad de exigir un contrato por escrito, el reconocimiento del accidente laboral y, por último, la variación de la cuota a pagar a la Seguridad Social en función de las horas de trabajo y eliminar así su carácter fijo actual.
En primer lugar, el acuerdo verbal está reconocido por ley como suficiente para contratar a una empleada de hogar. «Pero no es suficiente», considera la representante del colectivo en Granada. La falta del acuerdo por escrito dificulta hasta el extremo el proceso de reclamación en el caso de que exista algún problema mientras se trabaja. «Es la palabra de la empleada contra la del empleador; no existen mecanismos para demostrar que has estado trabajando para una persona», comenta Cándida Ruiz. En Granada, según los datos de la asociación liderada por Ruiz, sólo cinco personas cuentan con un contrato por escrito.
Relatividad en las cuotas
Este punto se encuentra íntimamente ligado con el de accidentes laborales, uno de los problemas que pueden surgir y por el que, sin un contrato por escrito, es difícil pedir responsabilidades o indemnizaciones. A diferencia de otros sectores, las empleadas del hogar no están cubiertas en este sentido. «No se nos reconoce el accidente laboral cuando el trabajo que desempeñamos tiene riesgos evidentes: tratamos con químicos, empleamos el fuego, las caídas están a la orden del día…», explica Ruiz.
Por último, el colectivo pide que la cuota a pagar a la Seguridad Social no sea fija, sino variable en función de las horas de trabajo. «De este modo, muchas mujeres -el 90%- que trabajan por horas se apuntarían a la Seguridad Social, porque le resultaría más barato», reinvidica la representante del colectivo.
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