Un 95% de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) aún no sabe cómo aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (conocida como Ley de Salud Laboral) según lamentó el presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, Manuel Peña, quien se mostró preocupado por el tema, dado que España ocupa el primer lugar de la Unión en accidentes de trabajo.
La norma entró en vigor el 10 de febrero de 1996, y, de momento, no ha servido para erradicar los siniestros profesionales. Las estadísticas recogen que durante la anterior legislatura murieron a consecuencia de su trabajo 6.000 personas. Manuel Peña hizo un llamamiento a las Pymes para que sean conscientes del peligro que supone la falta de seguridad en el empleo.
De acuerdo con algunos informes sindicales, el coste de estos siniestros: jornadas perdidas, bajas, sanidad, pensiones, etc., superó, desde 1996 a 1999, los nueve billones de pesetas.
El responsable del Instituto Europeo resaltó que «implantar medidas preventivas requiere recursos para tener eficacia». «Al final el gasto en prevención de riesgos laborales no es nunca un coste sino una inversión», dijo al mismo tiempo que recordó que «un técnico competente en esta materia está obligado a encargarse de implantar un sistema de gestión que pueda demostrar con criterios económicos que los programas de prevención son rentables para el empresario».
Para Manuel Peña, la preparación de unas condiciones seguras y sanas de trabajo debe basarse en una información exhaustiva sobre los riesgos inherentes a cada empleo; en la cooperación entre el empresario y trabajador; y en el contenido de las normas legales. Destacó, además, que las medidas de prevención se han convertido en una fuente de contratación laboral. «El déficit de técnicos necesarios para los próximos años supondrá la creación de 10.000 puestos de trabajo», añadió.
Para atender la seguridad en el empleo existen tres niveles de formación. El superior se destina a diplomados o licenciados universitarios de cualquier especialidad, con un curso de 600 horas. El intermedio, para personas sin formación académica, un curso de 300 horas. Y el básico, con programas de 30 a 50 horas, según los riesgos de la empresa, para trabajadores que vayan a convertirse en delegados de previsión.
Por otra parte, el 32% de las Pymes de España están dirigidas por mujeres, informó ayer en Málaga la presidenta de la Federación Española de Mujeres Empresarias, Negocios y Profesionales (Femenp), Miriam Arnau, en unas jornadas de trabajo de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema). Señaló que en la Unión Europea (UE) más del 38% de los empresarios son mujeres y se prevé que para 2006 la cifra alcance el 50%.
En el caso de las grandes empresas, aclaró que no es que existan pocas mujeres al frente de ellas, lo que ocurre es que «no están identificadas, no se puede hablar de porcentajes exactos», pero en todas las grandes empresas hay mujeres accionistas y dentro de los equipos de dirección y gestión.
La presidenta de esta federación aportó datos de un estudio del Instituto de la Mujer, en el que se concluía que en la banca, el 7% de los directivos eran féminas y en el campo de la construcción, el 3%.
En el sur de Europa las mujeres «son más activas en el campo empresarial que en el norte del continente», explicó la presidenta de la Femenp, quien puso como ejemplo el caso de España, país en el que la mujer, al estar castigada por el paro, «se ha enganchado en la empresa a través el autoempleo».
Las organizaciones empresariales de mujeres han tenido un papel relevante en este sentido, según Arnau, porque más del 21% de organizaciones de empresarias en Europa proyectan y dan programas «sin ningún tipo de subvención», sino trabajando como una red, para la proliferación de las mujeres empresarias.
La mujer participa en la dirección y gestión de todos los ámbitos empresariales, aunque es cierto, ARnau, que tiene una mayor presencia en el sector servicios y en el comercio, y menos en la industria, pues «requiere mayor inversión». La UE ha procurado que en España «nos quedáramos en el sector servicios», aunque se debería aprovechar el proceso que está llevando la Comisión de crear y fomentar el espíritu empresarial», dijo.
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