El Congreso de los Diputados debatirá en los próximos días una Propoposición no de Ley del diputado socialista Salvador de la Encina que reclama la puesta en marcha, en un plazo máximo de tres meses, de un Equipo de Valoración de Incapacidades en el Campo de Gibraltar. En su defecto, y mientras tanto, el parlamentario del PSOE reclama que, temporalmente, sean los facultativos los que se desplacen a la comarca para realizar las evaluaciones médicas de Incapacidad Permanente.
En el texto presentado para su debate y aprobación, De la Encina recuerda que responsables del Gobierno y del Partido Popular vienen anunciando desde 1998 que pondrán en funcionamiento dicho Tribunal Médico. Sin embargo, advierte el político socialista, siempre aparece una excusa para su aplazamiento.
“La última es la de que el Gobierno prevé la construcción futura de un edificio en el que se agrupen los distintos servicios de la Seguridad Social en Algeciras, y donde iría ubicado también el Tribunal Médico Laboral, pero ni tan siquiera se sabe todavía cuándo será esto posible”, advierte De la Encina, que considera que la situación actual no obedece sino a una falta de voluntad política.
El diputado del PSOE recuerda que, según los datos del propio Gobierno, actualmente son unos 800 los campogibraltareños que, anualmente, deben desplazarse a Cádiz capital para someterse a un reconocimiento médico que cualquier profesional podría efectuar en Algeciras sólo con que hubiese un local habiltado para ello. En este sentido, De la Encina recuerda que se está hablando de una comarca con siete municipios y 250.000 habitantes, que se encuentra a 125 kilómetros de la capital de la provincia y sin una vía rápida que permita que estos desplazamientos, 65 cada mes, se realicen con rapidez y comodidad.
“Actualmente, cada mes se desplazan a Cádiz 65 trabajadores, que tienen que hacer un viaje de más de 250 kilómetros, entre ida y vuelta, para un simple exámen médico. Y hay que tener en cuenta que en muchos casos se dan dificultades, al tratarse de personas con dolencias físicas derivadas de su enfermedad o accidente”, comenta De la Encina, que recuerda también el coste económico añadido que suponen estos viajes, tanto para la administración como para el propio trabajador, cuando es éste el que corre con los gastos.
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