Entre cuatrocientas y quinientas demandas por acoso laboral son presentadas al año ante los tribunales, según Cristóbal Molina, director del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de jaén.
Una cifra no confirmada ni por la Fiscalía General del Estado ni por el Consejo General del Poder Judicial, que todavía no han evaluado la incidencia del mobbing, y que pone de manifiesto la magnitud de un problema agravado en los últimos años.
Menos de la mitad, entre el 42% y el 43%, son estimadas por los tribunales, si bien muchos casos no llegan a verse nunca por pactos entre las partes antes de la vista, asegura Iñaki Piñuel, promotor del Barómetro Cisneros.
Desde julio de 2001, cuando se dictó la primera sentencia sobre mobbing en España, hasta 2006, se han producido más de mil resoluciones judiciales, de las cuales, según Molina, el 40% daban la razón al trabajador víctima del acoso.
A los jueces -agrega- les produce cierto rechazo afrontar estos casos, porque no todo es mobbing y porque es muy difícil su demostración. En cualquier caso, se ha perdido el miedo a la denuncia, aunque existe también el peligro de la trivialización, insiste.
Para Piñuel, judicializar el problema es un mal remedio, una opinión compartida por otras fuentes consultadas y que coinciden en que existen suficientes instrumentos legales -Estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Código Penal,…- para combatir el acoso laboral, aunque en la legislación española no esté tipificado como delito.
Se puede ser eficaz aplicando por ejemplo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, asegura Manuel Fidalgo, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quien insiste en la necesidad de prevenir y de crear una cultura organizativa en las empresas sobre la base de normas y valores que combatan el problema.
Piñuel asegura que el Gobierno trabaja en una ley específica similar a la de otros países europeos, como Francia o Bélgica, donde el mobbing es un delito tipificado.
El senador Isidre Molas, catedrático de Derecho Constitucional y defensor de la primera iniciativa parlamentaria sobre mobbing, aprobada por unanimidad en el Senado en 2001, no cree en el tratamiento penal del problema, por las dificultades de la prueba y el tiempo que tardan en resolverse, y apuesta más por la mediación sindical.
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