Las mútuas especializadas en accidentes laborales han calculado que deberán abonar 29 millones de euros (4.825 millones de pesetas) por los trabajadores que fallecieron o fueron heridos mientras acudían a su empleo la mañana del atentado del 11-M. Estas indemnizaciones se añadirán a las previstas por el Gobierno para las víctimas de terrorismo.
El director gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Enrique Valenzuela, reconoció que, de las 192 víctimas mortales de la masacre terrorista de Madrid, 117 eran trabajadores que iban a su empleo, igual que otras 600 personas de las más de 1.400 que sufrieron heridas. El resto eran estudiantes, niños o personas indocumentadas. La legislación considera este siniestro como accidente laboral in itinere, es decir, en el desplazamiento al lugar de trabajo. Por tanto, las mutuas contratadas por sus empresas deberán cubrir las indemnizaciones y los costes de la asistencia sanitaria de las víctimas.
El presidente de la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (Anepa), Juan Carlos Bajo, no descarta que surjan más trabajadores afectados psicológicamente por la matanza y que puedan ser objeto de baja laboral. Por este motivo no quiere dar por cerrada la cifra total de beneficiarios. El Plan de Atención Psicológica de Madrid atendió a 2.238 personas después del atentado.
En España, el 97% de los trabajadores están cubiertos por mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Estas empresas, con personalidad jurídica propia, gestionan parte de los presupuestos de la Seguridad Social destinados a cubrir riesgos laborales. Por ello, reciben parte de la cuota de las nóminas de todos los asalariados.
Valenzuela reconoció que “en los 104 años de historia de las mutuas, el atentado del 11-M ha sido el accidente laboral colectivo más grave”. Los costes recaerán en 12 mutuas ubicadas en Madrid pero, como probablemente no podrán hacer frente a los pagos, la Tesorería de la Seguridad Social asumirá el cargo aunque, en un plazo de cinco o seis años, revertirá estos costes solidariamente a las cuentas de las 29 mutuas que hay en España, explicó Valenzuela.
La familia de un trabajador que muere en accidente laboral suele recibir un promedio de 150.000 euros. Un empleado afectado por incapacidad absoluta percibe 175.000 euros y otro con incapacidad total, unos 96.000 euros de media.
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