El pasado mes de octubre dos mujeres vigilantes murieron en un accidente laboral en la Comunidad de Madrid. A una le cayó encima la puerta de una obra, la otra se cayó de una altura de 8 metros. Semanas antes, un vigilante murió de un disparo durante un atraco en Sevilla. En octubre, un vigilante de un Centro de acogida de menores de Aragón, sufría un navajazo de la mano de una de las alumnas. Un análisis de los distintos accidentes dibuja un escenario muy complejo en un sector en el que los riesgos laborales ni se evalúan ni se previenen.
La primera de las víctimas, de 54 años, resultó herida muy grave tras cerrar la puerta corredera de la obra de una subestación eléctrica en la que trabajaba. El sindicato al que pertenecía la trabajadora había denunciado desde hacía meses que la puerta, que pesaba varios cientos de kilos, representaba un grave riesgo ya que no tenía ningún mecanismo de seguridad. La muerte de esta trabajadora es el resultado de un fallo de coordinación entre la empresa de seguridad y el centro de trabajo donde ella realizaba el servicio.
Lo explica con claridad, Julián Montes, delegado de CCOO en una empresa de seguridad de Madrid: “Las empresas donde se realiza el servicio no se plantean, para nada, la seguridad del vigilante. Los supervisores que mandan nuestras propias empresas, cuando visitan los centros de trabajo, lo único que controlan es si el vigilante se duerme durante el servicio o si va en zapatillas, pero no se preocupan por la seguridad y salud de sus trabajadores. Mientras todo eso ocurre los vigilantes vamos por todos los sitios sin protección”.
En ocasiones, las funciones que realiza un vigilante son las que la empresa ha externalizado para no tener problemas y hay situaciones dantescas. Montes relata que en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de Madrid, “todos los días hay un vigilante que tiene que subir a izar la bandera por una escalera exterior que tiene una pendiente escalofriante. ¿Es esa una función de vigilancia?” se pregunta Montes.
La mayoría de lugares en los que los vigilantes desempeñan su trabajo entrañan riesgos que en ocasiones ni son conocidos por los vigilantes, ni evaluados por las empresas. Montes denuncia que los vigilantes que trabajan en los aeropuertos con aparatos de radioscopias están expuestos a más radiaciones ionizantes de la que reconoce la Administración: “Denunciamos ante el Consejo de Seguridad Nuclear y nos dio unas mediciones que según ellos no entrañan peligro. Pero esas mediciones están realizadas con las cortinas de la cabina cerradas y cualquiera que haya pasado por un control de aeropuerto sabe que la acumulación de trabajo es tal que los objetos están pasando continuamente por la cinta corredera y las cabinas nunca llegan a estar cerradas del todo”.
La muerte de un vigilante en una entidad bancaria de Sevilla a causa de un disparo puede parecer un accidente inevitable, pero la opinión de un vigilante de Seguridad en Zaragoza es bien distinta: “La vigilancia sería mucho más eficaz si el vigilante estuviera tras un cristal antibalas y con capacidad para accionar un botón que bloqueara una puerta o una alarma acústica, por ejemplo. Frente a esto te encuentras con empresas que ejercen la explotación horaria, con nula intención de cumplir la normativa en materia de prevención y para las que la inversión en seguridad pasiva, la formación y el reciclaje obligatorio supone un trastorno” explica.
Una vigilante en una empresa de Madrid coincide con la valoración anterior: “No hay seguridad, el vigilante es como si fuera un jarrón, lo que las empresas venden es sensación de seguridad, una falacia”. “Un análisis de los riesgos psicosociales que soportan los y las vigilantes haría saltar todas las alarmas, pero no se hace dicha evaluación. Un indicador muy ilustrativo, el índice de suicidios, se oculta porque no interesa destapar a qué riesgos psicosociales está sometido un colectivo laboral que en muchos casos lleva un arma. A las empresas les interesa presentar los casos en que los vigilantes se convierten en agresores como problemas individuales de enajenación mental, pero habría que indagar en qué condiciones están trabajando estas personas, bajo qué presiones” denuncia.
Berta Chulvi – Revista Por Experiencia – ISTAS
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