Si el término crisis se asimila a cambio, no todo plan anti-crisis que prime la construcción para recuperar 350.000 empleos, mediante la rehabilitación y reformas de edificios y viviendas, debe significar que se incremente la siniestralidad laboral, pues, al final, no tendría sentido crear empleos a costa de perder vidas.
El ladrillo, sea o no especulativo, no debe suponer en modo alguno que se minimicen las medidas de seguridad, con la trágica secuela de los accidentes de trabajo.
Si antes de la susodicha crisis el sector de la construcción generó cerca de un millón de empleos, no es menos cierto que a la par se perdieron cientos de vidas de nuestros conciudadanos y un lastre socio-económico inadmisible para el Estado y la sociedad.
Durante la crisis, reducidos drásticamente los empleos, también han disminuido los accidentes laborales y algunos medios de comunicación y hasta administrativos, han exhibido, con “ingenuo” desconocimiento de lo que es la prevención sobre riesgos laborales, unos números y porcentajes que no se justifican por la implantación de la seguridad en las empresas sino porque, simplemente, no había trabajo.
Ahora, que se va a incentivar la construcción, no volvamos a las andadas; es más, seguramente, si no se toman medidas precisas y de puntual vigilancia, los accidentes de trabajo resurgirán con la potencia de un tsunami. Y decimos esto último, porque a esas obras que llamamos de rehabilitación o reforma se les consideran como obras menores para las que ni se establecen estudios ni planes específicos de seguridad ni coordinadores que fomenten la prevención, independientemente, de lo difícil que resultará para la inspección de Trabajo el control de esas reformas a las que equivocadamente se les denomina chapuzas.
Si a las obras que nos referimos les continuamos dando la importancia de la seguridad del casco, gravísimo error estamos cometiendo, no sólo por las muertes e incapacidades que pueden producirse, sino también por lo que pueden afectar a las arcas del Estado.
Ahora bien, si el tratamiento que damos a esas obras de rehabilitación es el exigido por las normas comunitarias de la UE -momento propicio por nuestra Presidencia-, además de crear empleo las vidas no se perderán. Es esencial se activen lo elementos de protección colectiva (plataformas elevadoras y de protección) frente a los ridículos e inoperantes de protección individual si estos no son complementarios de los primeros.El Gobierno, mediante su órganos fiscalizador – inspección de Trabajo y Seguridad Social – ha de ser escrupuloso y tajante en la exigencia de que se cumplan los reglamentos de seguridad en toda esa cadena de empresas (contratas, subcontratas y autónomos) que acometerán la tan citada rehabilitación, pues de lo contrario se recuperará un tercio de los empleos a expensas de repuntar la siniestralidad laboral y otras. A éste aviso a navegantes hemos de añadir, si no se toman las medidas necesarias, el florecimiento de la ya muy rica economía sumergida, que algunos solapan como economía informal, con lo que se magnifica el problema de tal manera que no sólo puede afectar a la integridad física de los que trabajan sino también a sus precarias condiciones laborales. Como consecuencia, rehabilitación sí con la mesura de que los niveles apuntados no se minimicen, ya que, en caso contrario, la medida gubernamental puede potenciar peligrosamente la siniestralidad citada, la economía sumergida, la inmigración ilegal y el fraude económico-fiscal al propio Estado que, mediante su Gobierno, en consenso con el resto de fuerzas políticas, fomentó de nuevo la construcción.
Así las cosas, crearemos un empleo ficticio y cutre, pasajero en su temporalidad, insolidario en lo social y alejado de la digna Europa a la que pertenecemos.
Antonio Sánchez Cervera – Socio de ACERVERA Abogados – Doctor en Derecho, Inspector de Trabajo excedente, Auditor de Sistemas de Prevención
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