La violencia laboral durante mucho tiempo ha sido una cuestión olvidada. En la actualidad se considera una preocupación prioritaria en sectores como sanidad, donde se estima que se producen el 25% de todos los incidentes violentos en el trabajo. Un estudio realizado en la Comunidad de Madrid muestra que los trabajadores se encuentran entre dos fuegos: la violencia institucional generada por una deficiente organización del trabajo y la violencia externa del paciente que reclama sus derechos.
Desconocemos la verdadera magnitud de la violencia laboral en el sector sanitario. Muchos actos de violencia física no se denuncian y la psicológica e institucional se ha subestimado. La violencia es un concepto oscuro que tiene múltiples significados y sobre el que no existe un acuerdo de definición. Se presenta como una relación social caracterizada por la agresión contra la integridad física, psicológica, simbólica o cultural de individuos o grupos sociales. Tal es el grado y la diversidad de acciones catalogadas de violentas, que en la actualidad es pertinente hablar de violencias que se complementan y expresan de diferentes formas. La Organización Mundial de la Salud manifiesta que “la violencia en el lugar de trabajo, no es un problema individual ni aislado, es un problema estructural y estratégico que tiene sus raíces en factores sociales, económicos, organizativos y culturales”.
La preocupación por este tema llevó a la Secretaría de Salud Laboral de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid a realizar un estudio para identificar las diferentes violencias que recorren el acto sanitario, buscar sus posibles causas y contribuir al diseño de medidas preventivas. Para ello, se llevaron a cabo 2 grupos de discusión con ciudadanos a los que se les pidió que explicaran las violencias sufridas por ellos o por los vecinos de su zona. Se desarrollaron también otros 4 grupos de discusión con representantes de los trabajadores de diferentes centros de trabajo del sector sanitario.
Para el estudio diferenciamos la violencia externa, producida por usuarios de la sanidad y sus familiares, la violencia interna, ocasionada por superiores y compañeros de trabajo y la violencia institucional, que procede de una deficiente organización del trabajo y de la asistencia sanitaria. Del análisis del discurso de los participantes se desprende el abrupto paisaje de la violencia laboral en los centros sanitarios.
La primera cuestión que se plantea es que son muchas las violencias asumidas por los trabajadores y pacientes. Los incidentes violentos se consideran propios del puesto de trabajo. Una de las trabajadoras decía “esto funciona a base de gritos”. La violencia institucional no es reconocida como tal por los implicados, utilizándola como arma arrojadiza contra los que tiene enfrente (usuarios-profesionales) o al lado (compañeros). Señala un participante que “hay ochenta mil causas por las que el usuario se puede sentir violento y ninguna solución, porque las soluciones no están en nuestra mano”.
Las violencias no afectan por igual a todo el mundo. Están más expuestas las enfermeras, el personal de ambulancias, médicos y personal auxiliar: “Al médico ni una queja, los culpables los de abajo siempre, nosotras machacadas”. Están más expuestas las instituciones que funcionan con un estilo de dirección basado en la intimidación, las que presentan deficientes comunicaciones y relaciones interpersonales y tienen escasez de recursos humanos y materiales. También las situadas en zonas aisladas, muy pobladas o marginales sufren más actos de violencia.
Las consecuencias de la violencia laboral pueden ser muy graves, el daño va a depender de la intensidad, frecuencia y duración del suceso violento y de los apoyos recibidos. Los efectos en las personas pueden ser: estrés, burnout, acoso (violencia extrema), enfermedades físicas, psicológicas, pérdida de confianza, autoestima y miedo. En el trabajo, la violencia empeora los resultados, perturba las relaciones interpersonales y con los usuarios, es causa de mayor absentismo, rotación de los trabajadores, aumento de accidentes y pérdida de eficacia y productividad. En la sociedad, es la causa de la pérdida del prestigio de la sanidad pública y privada, el descenso de la calidad de los servicios de salud y el aumento de los costes económicos por más enfermedades y accidentes
La Administración y los empleadores prefieren atribuir la violencia a trabajadores o usuarios agresivos, antes que reconocer que la organización del trabajo es en sí violenta o produce violencias, eludiendo así sus responsabilidades. “La institución se encarga de que veas el problema en tu compañero” afirman los trabajadores. En el discurso de los trabajadores se constata que están viviendo una serie de situaciones que generan microviolencias, y están relacionadas con la organización del trabajo: escasez de personal, trato desigual y vejatorio, desvalorización (principalmente del trabajo no médico), falta de participación en la toma de decisiones, exigencias excesivas, falta de reconocimiento y de apoyo por parte de los jefes y compañeros, problemas de comunicación (se habla poco y son frecuentes los dobles mensajes).
Además, los estilos de dirección o son autoritarios y rígidos o son del tipo “dejar hacer” con una dirección insuficiente. Es muy frecuente que potencien la rivalidad, el enfrentamiento y la división de los trabajadores. Además hay que sumar el trabajo a turnos y nocturno, el trabajo con enfermos, con colectivos difíciles (enfermos mentales, con problemas de drogadicción, presos), trabajo con objetos valiosos (la salud, drogas). Todo ello, está llevando a los trabajadores a padecer estrés patológico que es la reacción a las agresiones sociales, psicológicas, organizacionales o profesionales de su entorno. El estrés puede producir violencia y la violencia produce estrés.
Frente a los empleadores, los trabajadores y los vecinos coinciden en señalar algunas causas de la violencia. La primera es la falta de personal. “Las carencias sanitarias pueden ser la chispa que encienda la pólvora para que se produzca violencia” afirman. Esas carencias sanitarias provocan que los usuarios se sientan agredidos por los tiempos de espera para obtener una cita, una consulta, intervención quirúrgica, ser atendidos en urgencias, etc. La carencia de personal provoca que la enfermedad monopolice la atención, se sacrifica el aspecto psicológico del cuidado y el enfermo es víctima de una atención fría e impersonal, que muchas veces interpreta como un trato injusto.
Además, la escasez de recursos en servicios sociales hace que recaigan sobre le sistema sanitario demandas que no son estrictamente médicas, desbordando a los profesionales y a las familias. No existe participación en las decisiones sanitarias ni de los ciudadanos ni de los trabajadores. La manera de expresión ha quedado reducida a la bronca. Por ambas partes hay una demanda de información y formación para poder comprender y afrontar lo que esta pasando. La población quiere incidir en las decisiones que afectan a su salud y demandan más información, se ha pasado del paciente pasivo al paciente reivindicativo. Por otro lado, el paciente se ha convertido en un consumidor de servicios sanitarios y la relación profesional sanitario-paciente se ha transformado en una relación entre proveedores de servicios y consumidores, generando insatisfacción en las dos partes. Así, los pacientes aguantan, los trabajadores aguantan hasta un límite. Después viene la bronca, el golpe, la violencia en ambas direcciones. ¿Quién somete a quién? Los profesionales sanitarios están entre dos fuegos, pertenecen y representan a la institución sanitaria, son su cara visible, viviendo las violencias internas y externas de su funcionamiento.
En realidad, esos incidentes violentos que se producen en los centros sanitarios son los síntomas de un proceso de mayor calado. En la Comunidad de Madrid y en más territorios de España, estamos asistiendo a la imposición de un nuevo modelo sanitario que considera la salud como una mercancía más. El objetivo de los gobiernos que están implantando este modelo es privatizar la financiación, gestión y provisión de los servicios sanitarios. Este tránsito se lleva realizando desde hace años traduciéndose en presupuestos insuficientes en sanidad y servicios sociosanitarios no adaptados a los cambios demográficos y a las necesidades de la población; mala gestión de la asistencia y de los recursos materiales y humanos, externalización de servicios y tareas para conseguir trabajo más barato y también externalizando riesgos (Agencia Antidroga).. Los ciudadanos, como profesionales o como pacientes, sufren los efectos del cambio sin información ni participación. El incremento de los episodios violentos es, en parte, el resultado de ese proceso.
Carmen Yela, Responsable de Salud Laboral de la Federación de Sanidad de Madrid – Revista Por Experiencia
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