Recientemente se celebró el Congreso Europeo de Prevención de Riesgos Laborales, y en él se dieron cita empresarios, directivos, inspectores de trabajo, auditores y autoridades institucionales. Las cifras de siniestralidad laboral no han dejado de crecer en los últimos años y la preocupación de muchas empresas y organismos oficiales es patente.
Las cifras son escalofriantes, en los seis primeros meses de este año han muerto 574 trabajadores en accidente laboral, un 10% más que en el mismo periodo de 2001. Además, llama la atención que el 3% de las empresas, reúnen el 40% de los accidentes de trabajo. Importante cifra también que, por ejemplo en el sector de la construcción, mas de 95% de los accidentes graves y mortales occurieron en el seno de empresas subcontratistas.
Por parte del Gobierno, hace unas semanas el ministro, Eduardo Zaplana, anunció el compromiso de elaborar un plan de choque que quedará ultimado antes de que finalice el año. Entre las medidas que se podrían poner en marcha se encuentran: concentración de la inspección en las empresas que más accidentalidad presentan; desarrollar planes de formación y aplicar la regla bonus-malus, es decir, bonificar a las empresas que tengan menor siniestralidad y penalizar a las que la aumenten o incumplan la ley de prevención de riesgos laborales.
Por su parte, la Fiscalía también plantea su punto de vista sobre este tema y, desde luego, parece mucho más exigente; define responsabilidades penales. La definición del delito de causación de riesgo hace posible que una omisión del empresario en actuaciones preventivas, el no proporcionar los medios preventivos suficientes, sea penalizado, aunque no se haya producido ningún accidente aún.
Los empresarios, directivos de recursos humanos y asociaciones sindicales, sienten, cada vez más, el deseo y la necesidad de afrontar este problema. Empieza a haber sensibilización en esta materia, que ha dado lugar a un deseo compartido: que el trabajo sea un lugar seguro, en el que poniendo en práctica las acciones apropiadas, se pueda desarrollar una actividad profesional con garantías.
Por último, los trabajadores tienen mucho que decir en este problema, ellos deben ser los primeros en exigir unas determinadas condiciones de seguridad en el lugar de trabajo. Asimismo deben demandar una formación adecuada respecto al puesto de trabajo que vayan a realizar, deben conocer los riesgos que pueden correr y deben contar con los equipos de trabajo y medios de protección acordes a ese riesgo. En ningún caso, deben admitir condiciones que puedan poner en peligro sus propias vidas.
Pero al mismo tiempo que exigen más y mejores medidas de seguridad, los propios trabajadores han de ser los primeros en poner en práctica todas las recomendaciones existentes en materia de prevención. Sólo desde una conducta responsable, por parte de todos los implicados, es posible reducir la siniestralidad.
Por norma general, los empresarios podrían ser los primeros interesados en evitar los accidentes, ya que se pueden enfrentar a graves sanciones económicas y penales. Su papel es evaluar las condiciones laborales que están ofreciendo a sus empleados e informarles de ellas.
En definitiva, todos tenemos unas obligaciones en esta materia, desde empresarios a trabajadores, sindicatos, inspectores y gobernantes. La concienciación sobre este tema está aumentando y esto es un grano de esperanza en este asunto que está causando tanto sufrimiento.
Boris Michael Below, Director de Prevención y Salud de TÜV Internacional
Este contenido ha sido publicado en la sección Artículos Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
