Según la Dirección General para la Biodiversidad un total de 278.100 personas participan en los operativos para la extinción de los incendios forestales. Los más numerosos –el 56%- son los peones de las brigadas y cuadrillas, seguidos de los bomberos profesionales (33.000), otro personal civil (31.600), Técnicos y Agentes Forestales (28.800), fuerzas de seguridad (14.200), voluntarios organizados (12.200) y personal del ejército (700). Los miembros de los retenes, los agentes forestales y medioambientales, los bomberos y los pilotos son los que realizan un trabajo directo de extinción de incendios. Sus condiciones de trabajo son muy particulares y encierran importantes amenazas para la salud.
Ni qué decir tiene que el trabajo se realiza en condiciones extremas de temperatura. La tarea requiere a veces transportar herramientas y equipos pesados por terrenos accidentados. La percepción de responsabilidad, la autoexigencia y una gran carga emocional crean una base de estrés sobre la que se van añadiendo factores como el nivel de incertidumbre debido al peligro del propio trabajo de extinción o al tipo de fuego muchas veces impredecible, el sistema de trabajo por turnos y guardias, la falta de una formación homogénea en todos los miembros del equipo, las órdenes a veces contradictorias o las situaciones de incomunicación por falta de cobertura en momentos críticos.
Un problema particularmente grave es la exposición a los humos y gases producto de la combustión. En la combustión se emite vapor de agua, CO2, y un 10% de otros gases y partículas en suspensión. Puede haber hasta 200 compuestos orgánicos, algunos de ellos cancerígenos y mutagénicos a pequeñas dosis, existiendo un mayor riesgo si se han realizado previamente tratamientos fitosanitarios. Los rescoldos emiten niveles elevados de monóxido de carbono, un gas cuya exposición es particularmente peligrosa para el personal que permanece en las zonas incendiadas en la fase de remate y revisión de posibles focos, momento en que disminuye la percepción del riesgo inmediato y suele omitirse el uso de protección respiratoria.
El ruido del propio incendio o el procedente de diversas fuentes (sirenas, bocinas, motores de maquinaria, cabinas de los motores y bulldozers, o los propios sistemas de comunicación), puede comportar que los colectivos que trabajan en las operaciones de extinción y remate estén expuestos a niveles de ruido por encima de los límites de seguridad. Esto incluye también a los pilotos y trabajadores de los aeropuertos y helibases, así como a las brigadas helitransportadas, todos ellos expuestos al ruido de reactores y hélices. Por otra parte, el exceso de ruido es un factor de estrés, especialmente por su impredectibilidad, alto volumen o intermitencia, propios de estas situaciones.
Los trabajos de brigadistas se caracterizan por la estacionalidad. Para puestos como los de encargado o capataz forestal, trabajador forestal o fumigador agrario, el 48,3% de los trabajadores tiene la modalidad contractual de obra y servicio de duración determinada, y el 26,3% la modalidad eventual por circunstancias de la producción. En su mayoría son contratados de forma temporal para la “campaña de incendios” en la época estival por empresas públicas o privadas que ostentan estos servicios.
Frente a todo ello, y aunque parezca increíble, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es aún de plena aplicación para estos colectivos por no haberse desarrollado un Reglamento específico.
El año pasado, desde ISTAS y CC.OO, con la colaboración de la Coordinadora de Agentes Forestales de la FSAP, realizamos una encuesta para conocer en qué condiciones trabajaban los profesionales de la extinción en nuestros montes. En general, las y los agentes forestales exponían que consideraban el número de efectivos insuficiente y que existían grandes carencias en materia de prevención de riesgos laborales.
Este año, para comprobar si ha habido avances en esta materia, hemos vuelto a preguntar al mismo colectivo y el resultado no es muy alentador. Por un lado, parece que en la mayoría de las comunidades autónomas se ha producido este año un incremento general de personal contratado, mejorando el ratio personal/ha forestal. Pero por otro lado, las condiciones de empleo y la prevención siguen teniendo importantes carencias.
Comparando los resultados con los que se obtuvieron en 2005, la situación en materia de prevención de riesgos laborales parece haber mejorado en el País Vasco, Murcia, Cataluña, Madrid, Cantabria y Baleares.
Sin embargo, los agentes forestales de Andalucía y Baleares denuncian que los Equipos de Protección Individual (EPIs) siguen presentando importantes carencias, en cuanto al material no ignífugo de los monos o la idoneidad de botas, cascos y gafas de protección. En Castilla–La Mancha los agentes medioambientales se enfrentan al fuego sin equipo de protección individual completo, vehículos identificados, o emisora de banda aérea para poder estar en contacto con los medios aéreos.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo debe ser de aplicación plena a estos colectivos. Por otra parte, debería realizarse una evaluación a fondo de los riesgos laborales derivados de las tareas de detección y extinción de los incendios forestales, de forma que se puedan concretar las medidas, instalaciones, equipos, materiales y medios de protección a utilizar, así como la determinación de las funciones, organización, estructura, jornadas, calendarios y la formación necesaria para estas tareas.
Las medidas para incrementar la seguridad de estos profesionales pasan, entre otras, por un incremento de las plantillas y cuadrillas, así como la estabilidad y la profesionalización del sector. Es necesario llevar a cabo estudios por comunidades autónomas o regiones sobre el mínimo a invertir por hectárea forestal, y sobre el ratio mínimo de personal necesario por hectárea, tanto durante todo el año para evitar los incendios forestales, como durante la época de mayor incidencia de estos siniestros, para atajarlos cuanto antes de forma segura y efectiva.
También es imprescindible la coordinación de los distintos cuerpos y administraciones en un mando único con competencias y funciones claras, recogidas en un protocolo conocido por todos los colectivos que participan en todos los operativos que se ponen en marcha ante un incendio forestal, y en controles e inspecciones a realizar por la administración sobre aquellas empresas que tengan a su cargo trabajos relacionados con la prevención y extinción de incendios forestales, para asegurar que los trabajadores de las mismas gozan de las condiciones de seguridad, higiene, formación e información adecuadas.
Eva Hernández Jorge, Fco. Javier Cabezos – Revista Por Experiencia – ISTAS
Este contenido ha sido publicado en la sección Artículos Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales en Prevention world.
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