La reciente muerte de una médica perteneciente al Servicio Murciano de Salud a manos de un paciente “insatisfecho”, un taxista jubilado que le propinó cuatro disparos, ha conmocionado a la sociedad española y ha vuelto a poner de actualidad la problemática que existe en torno a la falta de seguridad que sufren los profesionales sanitarios.
La impresión general es que tanto en los centros sanitarios de atención primaria, como en las urgencias hospitalarias o incluso en los domicilios particulares de los pacientes, la violencia y las agresiones tanto físicas como verbales contra los profesionales de la salud van en aumento cada día. Y es que el caso de Murcia no es un hecho aislado, pues sólo en Castilla y León desde el pasado mes de julio de 2008, y de acuerdo a los datos aportados por la propia Consejería de Sanidad, han tenido lugar casi doscientos casos de violencia contra trabajadores sanitarios. Las provincias de Valladolid, Salamanca y Burgos figuran a la cabeza de esta penosa casuística con 40, 35 y 23 agresiones registradas respectivamente.
A pesar de la crudeza de las cifras, todavía son muy pocos los profesionales que se deciden a denunciarlas, muchas veces por miedo a represalias de los agresores y otras por puro escepticismo en el funcionamiento del sistema.
Es por esta razón, entre otras, por la que nos hemos aventurado a escribir un artículo como éste, con el fin de de informar a todos aquellos profesionales de la sanidad que, desde hace apenas un año, disponemos en Castilla y León de una herramienta de lucha eficaz, que sin ser la solución definitiva del problema, permite afrontar las agresiones externas sufridas por los profesionales de la salud. Nos referimos concretamente al Pacto entre la Consejería de Sanidad y varias organizaciones sindicales -entre las que se encuentra CC.OO.- sobre las actuaciones a desarrollar para elaborar el Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Un pacto, que si bien no alcanzó la consideración que pretendimos de “Plan Integral”, responde a muchas de las reivindicaciones y propuestas realizadas por CC.OO. Nos atrevemos a decir, sin pecar de presuntuosos, que la gran mayoría de las aportaciones hechas por nuestro sindicato han sido contempladas en el mismo.
El documento definitivo, que se enmarca dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dispone de tres ejes principales: PREVENCIÓN, ACTUACION FRENTE A LA AGRESIONES Y SEGUIMIENTO DEL MISMO.
– En primer lugar establece la Evaluación inmediata y reconocimiento de los diferentes centros e instituciones de la Región donde exista un mayor riesgo de incidencia y que resultaran potencialmente más conflictivos. Desde CC.OO. se presentó un listado de aquellos puntos más críticos en la Comunidad Autónoma, entre los que se fijaron los hospitales psiquiátricos, las unidades de hospitalización de toxicómanos y los servicios de urgencias, entre otros.
– En segundo lugar el pacto trata de llevar a cabo Acciones Preventivas frente a las agresiones; por un lado, mediante la instalación de dispositivos de alarma interna, videocámaras, botones antipánico.., y por otra parte a través del establecimiento de procedimientos de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y las empresas de seguridad privada. En este mismo eje, se trata de hacer llegar a los profesionales las pautas a seguir ante una situación inminentemente peligrosa de la que se derive una amenaza real de violencia física, verbal o psicológica por parte del paciente o de un familiar, a través de acciones formativas y de sensibilización como “Técnicas de afrontamiento” o “Habilidades de comunicación con usuarios”.
– Por último y una vez que se ha producido la agresión, se trata de desarrollar las siguientes actuaciones:
Asistencia sanitaria y apoyo psicológico: Una de las aportaciones hechas por parte de CC.OO. fue la derivación y asistencia inmediata y preferente por el especialista pertinente, en el caso que fuera necesaria, así como el reconocimiento inmediato de la agresión como accidente de trabajo.
Acciones de asesoramiento y defensa jurídica gratuita.
Relaciones con otras Instituciones: una de nuestras reivindicaciones fue la implicación de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la persecución del presunto agresor. En este sentido, actualmente las agresiones al personal sanitario son consideradas y tratadas a todos los efectos como un delito de atentado a la autoridad, lo que en la practica implica que los presuntos agresores puedan sufrir una condena de hasta tres años de prisión, en lugar de multas económicas de escasa cuantía.
Registro y notificación del accidente. Uno de los principales objetivos del pacto es el de sensibilizar y concienciar a los trabajadores que han sufrido una agresión a que a comuniquen tanto de manera verbal como por escrito los hechos que se hayan producido. En esta medida se contempla la notificación de la agresión por medio de un documento oficial que está a disposición de todos los trabajadores en los centros de trabajo, de manera que toda agresión quede registrada y se puedan conocer con exactitud y precisión los incidentes ocurridos a nivel de toda la Comunidad Autónoma.
El seguimiento del “Pacto” y de los programas que lo integran se lleva a cabo a través del Comité Intercentros de Seguridad y Salud, y desde CC.OO. seguimos trabajando y haciendo especial hincapié en aquellas aportaciones que en su día quedaron excluidas del Pacto, y en especial para que el mismo sea realmente “integral” y contemple de manera exhaustiva los principios que se establecen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que hasta la fecha el citado Plan es un acuerdo de mínimos, que debe ser perfeccionado por todos y en el que todos debemos seguir trabajando.
Por ello demandamos la inclusión de importantes aspectos aún no contemplados, como las provocaciones y agresiones entre compañeros o trabajadores de diferente categoría, el acoso sexual, el hostigamiento y acoso psicológico, o la posible discriminación de los trabajadores sanitarios procedentes de otros países. Todos estos aspectos deben ser abordados e incluidos.
Insistimos en que se trata de un trabajo que hay que llevar a cabo de manera concienzuda y día a día, ya que como dijo el doctor en psiquiatría Heinz Leymmann, tenemos que evitar que en la medida de nuestras posibilidades “El lugar de trabajo, se convierta en el último campo de batalla en el que una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal”.
Secretaría de Salud Laboral de Castilla y León – Boletín BOICCOOT nº 47
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