El partido socialista ha denunciado a través de la diputada en Las Cortes por Alicante, Dolores Mollá, y la concejala Carmen Sánchez Brufal, que la Conselleria de Educación está incumpliendo la Ley de Riesgos Laborales «que le hace responsable de cualquier percance en los centros educativos desde el año 95 en que se aprobó», según afirmó.
Para el PSOE, independientemente de que una reciente sentencia del Supremo exima a la Administración de responsabilidad ante los accidentes ocurridos en el interior de instalaciones educativas, «se refiere a hechos que sucedieron el año 1994, y al margen, sigue siendo responsable de evaluar los riesgos que afectan a las instalaciones y sus usuarios, alumnos y profesores».
Sánchez Brufal abunda que la evaluación de los riesgos en los colegios implica interesarse por la ergonomía, la seguridad y la higiene «y a partir establecer planes de emergencia y evacuación en todos los centros, que tampoco lo tienen».
Deberes sin cumplir
La concejala destaca que «la Administración no puede inhibirse» en un tema así y que el lunes irá a la mesa sobre prevención de riesgos laborales con los sindicatos «con los deberes sin cumplir porque la Generalitat no ha hecho la evaluación de riesgos laborales en los colegios en todo este tiempo, la Administración educativa lo ha incumplido». Concluye significando que el PSOE «exige» dicho cumplimiento.
Por su parte, la federación de enseñanza FETE-UGT se ha sumando a la petición expresada por los directores de los colegios reunidos en Permanente, y exige «una reunión urgente con la Administración y el resto de sindicatos para aclarar la repercusión de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad civil de la Administración en los centros educativos».
La sentencia, publicada el pasado martes por este diario, ha generado, en opinión de la FETE, «una situación de inseguridad jurídica entre los trabajadores de la enseñanza y el fallo puede afectar a las actividades que se realizan con normalidad en los centros educativos porque ante una situación de inseguridad el profesorado optará por disminuir las actividades docentes que entrañen riesgos».
Ante esta situación, el sindicato de la enseñanza, que apuntó que la conselleria tiene contratada una póliza de responsabilidad civil por un importe de 300.506 euros para hacer frente a supuestos incidentes que pudieran producirse en los centros de trabajo, exige una reunión urgente para averiguar en qué medida la sentencia afecta a la normativa vigente.
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