Colectivos antisida han denunciado hoy que el Ayuntamiento de Zaragoza comenzará a aplicar, a partir del próximo mes de enero, un nuevo Reglamento Municipal de Prestaciones Sociales Domiciliarias, por el cual los solicitantes del servicio de ayuda a domicilio, que presta la empresa Servirecord, deberán someterse a un informe médico, con el fin de cumplir con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
Así lo destacaron el miembro de la Junta Vocal de la Asociación para la ayuda de personas afectadas por VIH/SIDA OMSIDA, José Ángel Pelegrín, y el representante de la Comité Ciudadano Antisida de Aragón, Pedro Piñeiro, durante la rueda de prensa que ofrecieron con motivo de la celebración el próximo 1 de diciembre del Día Mundial del Sida.
Según apuntó Piñeiro, a partir del 1 de enero “va a aparecer exigible un cuestionario médico para conocer el estatus serológico de los solicitantes”, algo que consideró como “una nueva manera de discriminar”, puesto que “no creemos que en la normativa de Riesgos Laborales se contemple esto”.
De esta forma, reiteró que “se va a discriminar por razón de ser seropositivo”, y agregó que se trata de “un disparate, que no va a beneficiar a nadie”. En este sentido y, habida cuenta de que “creemos que la normativa es inconstitucional, llevaremos a cabo todas las medidas que estén en nuestra mano”, con el fin de que “se revise esta normativa para que no se lleve a efecto”.
Asimismo, se mostró preocupado por las repercusiones que puede tener para las personas, ya que en caso de negarse a rellenar el informe médico “las trabajadoras se podrían negar a realizar el servicio”. Además, criticó el hecho de que “se puedan conocer los datos de esa persona y sean malutilizados”, puesto que dicha información “se va a pasar a una empresa como Servirecord”.
Según la documentación facilitada a los medios de comunicación, el artículo 9 del Capítulo V (Instrucción y Tramitacion) de esta normativa recoge los requisitos para solicitar la ayuda domiciliaria. Entre ellos (punto 9) aparece un “informe médico extendido por el sistema público de salud para el Servicio de Teleasistencia, SAD y Cargas Familiares de personas mayores, sean o no dependientes, al objeto de cumplimentar lo establecido en la normativa de Prevención de Riesgos Laborales”.
Finalmente se destaca que la acreditación de los documentos requeridos por el trabajador tendrá “carácter obligatorio”, aunque se precisa además que existirán las “garantías establecidas en la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Datos de Carácter Personal”.
En cuanto al cuestionario médico, aparecen diversos apartados a cumplimentar, entre los que figuran enfermedades infectocontagiosas, déficit motor, estados inmunodeprimidos, trastornos neuropsiquiátricos, enfermedades endocrinas digestivas o cardiovasculares, entre otros.
Desde estos colectivos se indica que la ayuda a domicilio “no conlleva atención médica”, al tiempo que se añade que en estos momentos hay seropositivos que están recibiendo este servicio.
Antecedentes
Las trabajadoras de Servirecord llevaron a cabo el pasado mes de junio una huelga indefinida, que desconvocaron tras cinco días, al conseguir acuerdos en los principales puntos que demandaban de cara a las condiciones laborales que se debían recoger en el nuevo reglamento de Prestaciones Sociales Domiciliarias, dictado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Este nuevo reglamento introducía cambios sustanciales, sobre todo, en el horario laboral de las 300 trabajadoras. Pero además, también se introdujeron cambios en el ámbito de la salud laboral al acordarse que las trabajadoras estarán informadas de las medidas preventivas a tomar en cada uno de los casos de enfermedades infecto-contagiosas.
Una cuestion de educación
Por otro lado, precisaron que durante toda la semana y, con motivo de la celebración del Día Mundial del Sida, el próximo 1 de diciembre, se van a desarrollar diversos actos, y subrayaron que en estos momentos las únicas formas de atajar la enfermedad es a través de una “correctísima educación sexual y el desarrollo de políticas sociales y de mayor accesibilidad a los preservativos”.
Según destacó Pelegrín se trata de una enfermedad que “afecta a toda la sociedad en conjunto”, y criticó “la falta de políticas activas sociales y no sólo sanitarias, así como el derecho a la información y una atención individualizada”. Al respecto, comentó que el VIH no parará “si no se eliminan problemas como la discriminación, la exclusión, entre otros”.
Unas situaciones que también se viven en Zaragoza, apuntó, desde el punto de vista del acceso a la vivienda y al empleo, al tiempo que recalcó que en esta enfermedad “no sirven los datos sino las actitudes”. Por ello, consideró “un error” señalar a grupos de riesgo, porque “todos estamos expuestos” y puntualizó que “las tasas de infección han aumentado en los grupos donde no se previno de la enfermedad adecuadamente”.
Finalmente, subrayaron que como medidas para atajar la enfermedad, que sólo pueden ser preventivas, es preciso una “mayor accesibilidad a los preservativos, bajando los precios; y desarrollar una correctísima educación sexual, incluso como materia educativa trasversal”.
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