Valladolid - El juez condena a Agricultura por acoso laboral contra una funcionaria

Humillaciones, hostigamiento con medidas organizativas nuevas, aislamiento social, tareas imposibles de cumplir, innecesarias o degradantes, vejaciones, burlas, insultos, amenazas…. han llenado el día a día laboral de Milagros desde que en 1996 obtuviera por concurso de méritos la plaza de Jefe de Negociado del Servicio Territorial de Agricultura en Palencia. El maltrato psicológico que ha considerado probado el juzgado, y antes el Procurador del Común, comenzó desde un principio pero se hizo especialmente agresivo y denso desde el año 2000. Además, la trabajadora ha estado durante siete meses, según se ha demostrado en el juicio, sin ordenador ni impresora y con los armarios de su puesto de trabajo vacíos, sin funciones ni recursos, sin teléfono ni tarea. Todo le fue arrebatado y retirado de la mañana a la noche.

El juez del Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid ha fallado sentencia, el pasado día 11 de octubre, en favor de esta funcionaria, que llegó al puesto tras años de trabajo en el Cuerpo General del Estado sin antecedentes de conflictos ni bajas por enfermedad. El tribunal ha sentenciado a la Junta a pagar una indemnización por daños morales, a reasignarle las funciones que le fueron arrebatadas a partir del día 28 de enero del 2005 y a adoptar medidas que garanticen el cese del acoso. Un cuadro ansioso depresivo con un trastorno adaptativo es el diagnóstico de los informes médicos y psicológicos. Dado que la situación de persecución y hostigamiento sigue vigente pese a la sentencia, la cuantía exacta con la que la Junta deberá compensar los perjuicios emocionales y económicos que esta situación ha provocado, se determinará en la ejecución de sentencia porque no finaliza la contabilidad hasta que acaba el acoso. La letrada que ha defendido a la demandante, Eva Victoria Benito, destaca que pedirá, aunque el fallo judicial ha sido recurrido, la ejecución provisional porque «los daños son tan graves» que la reasignación de funciones y las medidas de protección «deben ser efectivas ya, la indemnización podrá concretarse tras la resolución del recurso». En cuanto a la Delegación de Palencia, asegura que cumplirá la resolución judicial.

La víctima resultó «incómoda» desde que se incorporó a su puesto de trabajo como jefe de la unidad encargada de la tramitación de nóminas y expedientes de personal. Así buscan justificarlo los informes y el expediente administrativo que la Junta le llegó a abrir, una parte más del hostigamiento con el que la perseguía, aunque la instructora lo archivó al considerar improcedentes las acusaciones que el mismo contenía.

El jefe de Servicio de Agricultura, recoge el documento judicial, efectivamente la consideraba «incómoda», era «ineficaz, con falta de actitud o con un comportamiento problemático». Estos fueron los argumentos esgrimidos en el juicio y en los informes para justificar un vaciamiento de funciones que además reconocen por escrito: «no teniendo en estos momentos asignado un trabajo concreto». La presencia de Milagros resultó molesta porque ocupó una plaza que la Junta sacó a concurso y que hasta entonces había sido el puesto en comisión de servicios, por una persona afín al equipo que la rodeaba, según interpreta no sin desconcierto la propia víctima.

Desde el principio se le negó el personal de apoyo que su puesto de trabajo requería. La primera queja la interpuso en el 2000 cuando Agricultura decide desvincularla, según recoge el fallo, del entorno laboral y la sitúa en un despacho -«un habitáculo indecente», lo califica Milagros- aprovechando su ausencia de ocho días para hacer un curso.

El informe de Inspección, tras su reclamación, corrigió algunos aspectos pero el aislamiento continuó. Entre este año y el 2005, la víctima se ve privada de permisos para hacer cursos o casualmente la documentación que hacía posible su participación en ellos se traspapelaba.

El citado expediente administrativo, que según destaca el juez aparece cuando comienzan las quejas, se le abre a la funcionaria en noviembre del 2005 para relatar hechos que se remontan a cinco años antes y están ya prescritos o que no constituyen infracción pero que colaboran en un ataque a la dignidad y prestigio de la persona. Además, alegando que no había sido posible comunicárselo, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y en el tablón del Ayuntamiento, algo que la humilla especialmente.

Milagros se encuentra con el peor de los aislamientos cuando vuelve de una baja por lumbalgia tomada en noviembre del 2004. En enero, el jefe de sección le comunica que otra persona hace y hará su trabajo y que ya se le comunicarán sus funciones. Le quitan entonces el ordenador, teléfono e impresora y permanece siete meses sin tarea ni medio alguno. Múltiples escritos a las consejerías de Presidencia y Agricultura, a la Delegación Territorial, Salud Laboral… no hay resultados. Recurso administrativo, desestimado. En agosto del 2005, tras los siete meses sin tarea, una nota inferior le comunica sus nuevas funciones, control de horario, recabar legislación… tareas «escasamente útiles», sentencia el juez. Como consecuencia de la aceptación de la resolución del Procurador del Común, la Junta le asigna alguna más pero no las suyas.

Algunos testigos del juicio, compañeros de trabajo, declararon que era «ineficaz» o «cometía errores» pero se contradijeron en el propio proceso admitiendo que los fallos también se registraban en su ausencia o que todo el mundo cobró la nómina todos los meses.

La abogada, Eva Victoria Benito, que lleva muchos pleitos de mobbing, destaca que «no es que actualmente haya más casos de acoso sino que una mayor sensibilidad social permiten que salgan a la luz. Ahora, lo difícil es que la Administración cumpla la sentencia porque pagan las sanciones pero cuando se trata de actuar, es difícil que cumplan».

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