La falta de medidas de seguridad les ha hecho merecedoras de una sanción económica por la vía admnistrativa pero la Inspección de Trabajo sospecha que su desprecio por la normativa laboral podría recibir un castigo mayor: que pese a que no se ha producido ningún accidente en las instalaciones inspeccionadas, el riesgo al que están sometidos los trabajadores puede ser objeto de una sanción penal.
Es lo que investiga la Fiscalía de Valencia, que está revisando los más de 600 expedientes que recientemente le ha remitido la Inspección de Trabajo por si, además de infracción administrativa, la situación de riesgo detectada es constitutiva de delito y por lo tanto, perseguible en vía judicial. Lo confirmó ayer el coordinador de la Sección de Riesgos Laborales, Jaime Gil, durante la firma de un convenio entre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, y los líderes de los dos sindicatos mayoritarios, Rafael Recuenco por UGT y Joan Sifre por CC.OO. para mejorar los cauces de comunicación y el intercambio de información, abundar en la prevención y en la formación y hacer un seguimiento más riguroso de las denuncias «para que no mueran en el camino», explicó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo.
El documento suscrito se convertirá, según Gil, en un «instrumento ágil» para actuar con «firmeza y rigor» frente a infracciones en materia de seguridad no sólo cuando hay víctimas sino antes de que se produzca el accidente; el convenio nace con el propósito de frenar una «realidad sonrojante» que arroja cifras «intolerables»: al menos 30 personas, según los sindicatos, han muerto en la Comunidad en su puesto de trabajo en lo que va de año, mientras que 129 perdieron la vida en 2005 en alguno de los 105.000 accidentes que arrojaron además 1.177 heridos graves. «Fallamos nosotros, los empresarios, los trabajadores… La legislación no falla», explicó Gil, para quien el accidente laboral no puede ser «un impuesto de sangre que paga el el trabajador al empresario». Partidario de «no criminalizar» todas las infracciones en materia de salud y seguridad laboral, el coordinador de la Sección de Riesgos Laborales denunció la «tendencia a privatizar los accidentes laborales», a que el pago de una indemnización a la víctima o a sus familiares permita al empresario eludir la responsabilidad penal.
Gil se congratuló por los resultados de la colaboración con la Inspección de Trabajo, gracias a unas relaciones que han ganado una «fluidez» de la que carecían. «Ahora la relación es profesional y leal, mantenemos reuniones periódicas y nos remiten las actas de infracción», subrayó Gil, quien reclamó más inspectores.
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