La Inspección de Trabajo considera que se aprecian “indicios racionales de criminalidad” y que puede haber “personas penalmente responsables” en el accidente laboral que el pasado 18 de septiembre costó la vida a un trabajador en un tramo de obras en la carretera GI-632, en el alto de Deskarga.
El operario, que pertenecía a una empresa subcontratada por la UTE-Lapatza -compuesta por las empresas Moyúa y Antzibar-, falleció tras precipitarse con el camión articulado que conducía por un terraplén de unos diez metros de altura.
Tras el siniestro se decidió como “medida cautelar” apartar de estos trabajos a la compañía subcontratada, tras detectar “algunos indicios de irregularidad”, a la espera de los resultados definitivos de las investigaciones.
La directora general de Osalan, Izaskun Urien, y el jefe territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco, Ricardo Mínguez, han comparecido esta semana en las Juntas Generales de Gipuzkoa para informar de las pesquisas desarrolladas en torno a este siniestro, cuya “causa principal” parecen ser los “defectos” constatados en los equipos de trabajo.
El freno
Urien ha explicado que, según el informe de Osalan, que tiene 86 páginas, “todo parece indicar” que el accidente es consecuencia de “un fallo en el freno de servicio” del camión, ya que se detectó “una perdida de presión del servicio hidráulico motivado por un fallo en la bomba”.
La investigación determina asimismo que el asiento del vehículo no era el original, no se podía regular en altura y carecía de cinturón de seguridad, ha relatado Urien, quien ha destacado la importancia de este hecho dado que el trabajador salió despedido por la ventanilla derecha del vehículo y resultó aplastado después por el remolque.
“Cabe la posibilidad” de que las consecuencias del siniestro “no hubieran sido tan graves” si el empleado hubiera llevado un cinturón de seguridad y no hubiera salido despedido por la ventanilla, ya que la cabina quedó prácticamente intacta, ha añadido.
El jefe de la Inspección de Trabajo Ricardo Mínguez, por su parte, ha asegurado que, tras las investigaciones realizadas en torno a este caso, han remitido un informe al Ministerio Fiscal al entender que “se aprecian indicios racionales de criminalidad”.
“Esto no es frecuente en los accidentes de trabajo pero, en este caso, se entiende que puede haber personas penalmente responsables”, ha insistido Mínguez, al tiempo que ha precisado que será al juez al que corresponderá “determinar las imputaciones a los distintos sujetos que puedan ser responsables”.
En cuanto a las sanciones administrativas, desde la Inspección de Trabajo se han propuesto dos sanciones administrativas: una por infracción muy grave a la empresa subcontratista, con responsabilidad solidaria de la contratista principal, por importe de más de 160.000 euros.
La segunda sanción sería exclusivamente para la contratista principal por deficiencias en el plan de seguridad y salud, que figura en el proyecto de la obra por importe de 20.000 euros.
No obstante, también se ha propuesto por parte de la Inspección de Trabajo un recargo de entre un 30 o 50 % en las prestaciones que pudieran corresponder a los beneficiarios del operario muerto, una suma que asciende a “cientos de miles de euros” y que, según ha comentado Mínguez, recae “directamente en la empresa, sin poder ser objeto” de cobertura por parte de los seguros contratos por ésta.
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