Dos de los trabajadores que se encontraban en las obras de la A-7 cuando en noviembre de 2005 se desplomó un viaducto han insistido este miércoles, en el juicio que se sigue por el accidente, en que en las medidas de seguridad era buenas, incluso llegaban a ser exigentes, en las labores de construcción. “A veces eran hasta pesados con las normas de seguridad”, ha señalado durante la vista oral uno de los dos empleados que han declarado como testigos durante la tercera sesión de la vista oral que acoge el Juzgado de lo Penal 1 de Motril (Granada).
En el juicio por este accidente laboral que tuvo seis fallecidos también ha comparecido un guardia civil que actúo como secretario y de apoyo en la realización de un informe pericial de lo que sucedió el día del siniestro. El primero en comparecer ha sido el jefe del equipo de encofradores, un ciudadano portugués que ha asegurado que antes de realizar un avance de la cimbra siempre se revisaba y que en la mañana del suceso vio cómo varias personas inspeccionaban la zona con una maza y con una llave para apretar tuercas. Ha señalado que incluso les obligaban a tomar medidas de seguridad y que, si no las cumplían, les “ponían faltas”. Por su parte, otro trabajador que resultó herido cuando intentaba salir de la caseta de la obra cuando tuvo lugar el desplome ha dicho que en ocasiones eran “hasta pesados” con las medidas de seguridad adoptadas en la obra.
El último en intervenir ha sido un guardia civil que actuaba de secretario y de apoyo en las declaraciones de los testigos y que ha ratificado el informe que se había hecho previamente. Al comienzo de la vista el juez Sergio Romero ha informado de la incomparecencia de tres de los testigos citados para este miércoles, dos portugueses, que no han sido localizados y que son buscados por la Interpol, y un agente de la guardia civil que ha sido emplazado al próximo día 20 por enfermedad. Asimismo se ha informado de la modificación de las distintas sesiones que quedan pendientes y se ha marcado para el día 27 las calificaciones jurídicas de las partes y para el 29 las conclusiones e informes finales.
El juicio se reanudará el próximo lunes a las 10:30 con la declaración de otros dos testigos y la prueba pericial de un inspector de trabajo que hizo un informe de la obra después del accidente. El Ministerio Público pide penas de entre tres años y medio y cuatro años de cárcel para cada una de las once personas a las que acusa, entre los que figuran el ingeniero director del proyecto de ejecución de la obra y el entonces coordinador de Seguridad del Ministerio de Fomento.
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