El año pasado murieron en España casi un millar de trabajadores en accidente laboral, sin contar los que fallecieron durante los desplazamientos (in itínere). Los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, respectivamente, se entrevistarán en breve con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para pedirle que destine más medios personales, materiales y económicos a la lucha contra los delitos relacionados con la seguridad en el trabajo.
Méndez se mostró satisfecho de la reciente creación de una fiscalía que coordinará la persecución de las actuaciones contra las leyes de prevención de accidentes laborales. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Almería, Juan Manuel Oña Navarro, es el responsable de esta unidad. Fidalgo y Méndez pedirán a Conde-Pumpido y al Gobierno que doten a esta fiscalía de los medios para que pueda cumplir sus cometidos.
Los líderes sindicales consideran imprescindible actuar contra los incumplimientos de las leyes de seguridad laboral que provocan accidentes mortales en el trabajo. Las centrales exigen mayor presencia policial cuando fallece un trabajador para que queden bien claras las responsabilidades. También piden a los fiscales más celo al aplicar las leyes, lo que supone más medios materiales y económicos.
Respecto al diálogo social, el dirigente ugetista explicó que la mesa que debe reformar el mercado laboral va en la “buena dirección” y espera que se logre un pacto entre los sindicatos, la patronal y el Gobierno. Aunque Méndez evitó dar fechas, todo apunta a que podría haber un preacuerdo antes de la fiesta del Primero de Mayo y estampar la firma de la reforma del mercado de trabajo a principios de mes.
Aunque hace semanas se produjo un acercamiento de las distintas posturas y existe una clara voluntad de todas las partes por firmar este acuerdo, aún existen divergencias entre la patronal y los sindicatos.
Hay coincidencias en lo que se refiere a mantener la actual regulación de la contratación indefinida ordinaria, en establecer límites al encadenamiento de contratos temporales y sobre todo los de obra y servicio. También las hay en lo que respecta a la eliminación del contrato de inserción laboral, en evitar la cesión ilegal de trabajadores o en la necesidad de que cada empresa lleve un libro de registro de las contratas y subcontratas con las que se relaciona. También habría acuerdo en las bonificaciones a la contratación indefinida, la reducción de cotizaciones del desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, y la mejora de las prestaciones del seguro de paro.
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