La Fiscalía de Sevilla mantuvo hoy la petición de tres años de cárcel para un constructor, dos arquitectos y un aparejador juzgados por un delito de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores, en relación con la muerte de un trabajador que cayó desde un andamio porque presuntamente no se habían dispuesto las medidas de seguridad adecuadas.
El accidente tuvo lugar el 5 de mayo del 2000 en Osuna (Sevilla) cuando la víctima, A.O.M., se hallaba subido a un andamio utilizando un martillo eléctrico para derribar una pared y sin portar ninguna medida de seguridad, tales como casco protector, cinturón de seguridad o arnés.
El fiscal también pidió una multa de 3.606 euros para cada uno de los acusados, el constructor J.M.G.N., el arquitecto superior A.G.C., el arquitecto técnico A.P.F. y el aparejador M.P.G., quienes habían sido encargados de la reforma de una vivienda para convertirla en un local comercial.
La defensa de los acusados pidió la libre absolución y en este sentido, el abogado del constructor Rafael Guillén sostuvo que no hubo delito puesto que la obra contaba con las medidas de seguridad y según el artículo 269 de la ordenanza de la Construcción de 1970 no era necesario colocar un andamio en la fachada. Así, explicó que esta normativa señala la obligatoriedad de colocar andamiaje para trabajos que se realicen a más de seis metros de altura y, en el presente caso, el obrero se hallaba a cinco metros.
En una sesión anterior del juicio, el constructor aseguró que no consideró necesario la colocación de una barandilla durante las labores de derribo del muro porque “nunca” sospechó que el obrero, que era amigo suyo, pudiera caerse. El constructor añadió que siempre “hacía hincapié” a sus dos trabajadores para que hicieran uso de las medidas de seguridad y añadió que tenía “confianza” en ellos respecto a que las adoptarían, ya que con frecuencia les recordaba que “tuvieran cuidado” en el trabajo.
Además, afirmó que no recibió instrucciones de la dirección facultativa –compuesta por el arquitecto A.G.C., el arquitecto técnico A.P.F. y el aparejador M.P.G., que también están imputados– para instalar otras medidas que no fueran las básicas de seguridad, como por ejemplo una red de protección.
Una gran parte del debate durante el juicio, que ha quedado hoy visto para sentencia en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, se centró sobre quién fue la persona que autorizó el inicio de la demolición de la fachada, labor que desarrollaba la víctima cuando se cayó desde el andamio y que se llevó a cabo cuando la obra no disponía de plan de seguridad. Según el constructor, tres días antes del accidente se entrevistó con el arquitecto técnico para el “replanteo” de la obra y recibió, según dijo, instrucciones de éste para la demolición del muro y el comienzo de la obra propiamente dicho.
No obstante, los técnicos negaron esta versión, ya que, según explicaron, el constructor inició las obras “de motu propio” y sin su autorización.
En este sentido, el arquitecto superior A.G.C. aseguró que no autorizó ninguna actuación relativa al comienzo de las demoliciones, ni había asumido funciones de seguridad dado que ni siquiera había visitado la obra y el comienzo de los trabajos deben ser autorizados por él.
El arquitecto añadió que era el contratista o constructor quien debía elaborar el plan de seguridad, y dijo que cuando se produjo el accidente ni siquiera se había nombrado al coordinador de salud y seguridad porque para él, según insistió, las obras no habían comenzado.
Por su parte, el arquitecto técnico A.P.F. también negó que hubiera dado órdenes al constructor para comenzar la demolición de la fachada, puesto que la entrevista del día 2 de mayo fue una “visita previa” al comienzo de las obras, en la que se comprobó el estado de los muros de las casas colindantes a la que iba a ser reformada y sólo se dieron una serie de medidas de precaución que incluían el recorte de algunas vigas pero no la demolición del muro.
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