El servicio de Inspección de Trabajo abrió el pasado año un total de 852 expedientes sancionadores a empresas de la provincia de Pontevedra. El motivo no fue otro que el incumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral.
Según los datos de la Subdelegación del Gobierno, esta clase de infracciones aumentaron un 14,5% en el último año, pues en 2006 se abrieron 744 expedientes.
Aunque la mayoría de las deficiencias detectadas no fueron graves, los inspectores se vieron obligados a cerrar 23 centros de trabajo porque la seguridad de los empleados se encontraba en una situación de «peligro greve e inminente», según Inspección. En este punto se ha detectado una evolución en positivo respecto a 2006, ya que entonces habían sido 40 las empresas cerradas por este motivo.
Según los sindicatos, la inseguridad laboral es mayor en el sector de la construcción. «Es uno de los de más riesgo para el trabajador y, sin embargo, es donde más se incumple la ley», aseguran desde CC.OO. El responsable del cumplimiento de la normativa, recuerdan, es el empresario, que debe proporcionar a sus empleados los dispositivos adecuados para no poner en riesgo su salud.
En lo que va de año, en la provincia de Pontevedra se han registrado ya más de 7.000 accidentes laborales, de los que más de un centenar fueron graves. Pese a todo, actualmente en Vigo pueden verse obreros trabajando sobre tejados sin ningún tipo de sujección.
Para velar por la seguridad en el trabajo y vigilar que las normas se cumplan, de toda la provincia se encargan 19 inspectores. A pesar de que son casi el doble que en el año 2006, para los sindicatos no son suficientes para abarcar toda el área. Ahora esperan que con la formación de la policía judicial en esta materia se controle más de cerca a los infractores.
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