El abogado que ejerce la acusación particular en nombre del comandante que denunció el primer caso de mobbing en el Ejército ha solicitado tres años y un mes de prisión para el coronel Luis Gómez Armero, como autor de un delito de deslealtad, por haber denunciado al oficial por “abandono de destino” pese a conocer que estaba de baja plenamente justificada por enfermedad. Dicha pena le acarrearía la pérdida de la condición militar.
La petición de la acusación particular se une a la de la Fiscalía, que solicita un año y medio de cárcel para Gómez Armero, quien fue también el primer militar denunciado por mobbing o acoso laboral en el Ejército. El hecho por el que, posteriormente, fue procesado era uno más de los contenidos en la denuncia inicial por mobbing , que sin embargo fue archivada sin ser investigada.
En el escrito elevado por la acusación particular al Tribunal Militar Central se recoge que “el coronel tenía la clara intención de perjudicar al comandante, verdadera causa y móvil de todo lo ocurrido, ya que le había denunciado sin fundamento en otras ocasiones y le había estado acosando de forma directa e indirecta durante un largo periodo de tiempo”.
Otro coronel, instructor de uno de los expedientes disciplinarios contra el comandante dio un parte por falta grave contra Armero, por considerar que se había “excedido arbitrariamente en el ejercicio de la autoridad o mando” por “haber dado otro parte infundado contra el comandante “por incumplir las obligaciones del destino o puesto”.
El instructor constató que Armero le había ocultado pruebas y tergiversado hechos, “por lo que podría tratarse de una persecución, que traería causa en hechos ocurridos con anterioridad”. Armero buscaba que el comandante fuese arrestado por falta grave, según la acusación particular. En ese sentido, realizó reiteradas llamadas telefónicas al coronel Instructor para intentar lograr su propósito.
El exgeneral jefe de la Región Militar Noroeste, Oliver Buhigas, no investigó el hecho, por lo que quedó impune. El coronel Instructor ha sido propuesto para el juicio como testigo principal, para acreditar el dolo, y aseguró, durante la fase de instrucción, que Armero en Reuniones de Mandos de Brigada, dijo “que las bajas las hacía pagar, que el comandante no se iba a ir de rositas, que iba a promover su cese por falta de idoneidad y quitarle el complemento del País Vasco”, como así ocurrió.
El letrado añade que la falta de idoneidad del comandante en el desempeño de los cometidos propios de su destino era “inexistente”, no obstante lo cual, Armero logró que se ejecutase sin tramitarse expediente alguno y sin posibilidad de defensa. El alcance es que no puede ir destinado a ninguna unidad de España. Consiguió que se le privase del Complemento de Dedicación Especial del País Vasco y le prohibió actos permitidos a los demás.
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