La Consejería de Empleo, en colaboración con la Inspección de Trabajo, ha paralizado durante los seis primeros meses del año un total de 45 obras en la provincia de Almería por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En cuanto a expedientes sancionadores, durante este periodo ya van 429 sanciones a empresas de diversos sectores con multas que superan el millón y medio de euros. El año pasado, según informó ayer el delegado provincial de Empleo, Clemente García, se abrieron 790 expedientes en Almería, se paralizaron 116 obras y se impusieron sanciones por valor de tres millones y medio de euros.
Esta actividad sancionadora y de vigilancia forma parte de un plan territorial puesto en marcha por la Junta de Andalucía en colaboración con el Gobierno central y que dedica un 70 por ciento de sus actuaciones a la prevención de riesgos laborales. Clemente García dio ayer a conocer otras iniciativas de Gobierno andaluz en materia de prevención de la siniestralidad laboral como el Programa de Actuación sobre las Empresas de Mayor Siniestralidad (Paemsa). En Almería serán inspeccionadas este año las 408 empresas que mayor número de accidentes y de mayor gravedad han registrado, perteneciendo 161 de ellas al sector de la construcción.
El Programa de Actuación sobre los Servicios de Prevención Ajenos (Paspa) es otra acción que persigue reducir la siniestralidad a través de la mejora de los servicios de prevención ajenos, las compañías especializadas en evaluar riesgos, diseñar e implantar planes de seguridad y salud para otras empresas. En Almería hay unos 20 servicios de prevención ajenos que son contratadas por el 73 por ciento de los empresarios para cumplir sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. Los accidentes laborales también tendrán para las empresas consecuencias penales ya que Empleo, en virtud de un convenio con la Fiscalía, ya ha remitido en el primer semestre un centenar de expedientes a esta institución judicial sobre accidentes mortales y graves ocurridos en la provincia en los que podría haber indicios de delito, todo ello para intentar acabar con cifras como las de este año, en el que ya han muerto 25 personas como consecuencia de accidentes laborales.
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