LAS CLAVES Varios incumplimientos. El informe de Osalan pivota sobre dos ejes. Por un lado, destapa que el plan de seguridad de la obra no se cumplía en muchos casos. En este sentido, destacan la falta de control sobre la ejecución de las pistas para el movimiento de tierras. Tampoco está acreditado que el trabajador fallecido tuviese formación para conducir dicho vehículo, que además carecía de cinturón de seguridad y asiento regulable, como obliga este exhaustivo plan de 400 folios. Por otro lado, el informe revela que el gerente de la subcontrata hizo caso omiso de los numerosos avisos que sus trabajadores le dieron sobre el mal estado del vehículo y ordenó a I.A. conducirlo. Empresa subcontratada. La Diputación de Gipuzkoa apartó de esta obra pública a la subcontrata, a la que pertenecía el fallecido, justo después del accidente. Tenía 26 trabajadores en ese momento. La gran mayoría están en el paro ahora. ENTREVISTAS DE OSALAN En la misma mañana del accidente, un trabajador al que el gerente de la subcontrata ordenó conducir el camión se negó a hacerlo. Dos días antes, un trabajador de la constructora Moyua, trasladó al encargado de la UTE que “con ese lagarto vamos a tener algún susto”. DESNIVEL 33% El Plan de Seguridad y Salud recogía que las pendientes de las pistas para el traslado de tierras no debían superar el 12%. El accidente de I.A. se produjo en una rampa de 75 metros con una pendiente media del 33%. Fallo en los frenos. Aunque las características del camión accidentado (Volvo A35C) permiten circular por cuestas de hasta el 40% -en una pendiente del 33% no podría pasar de 4 kilómetros por hora-, varios empleados habían denunciado desde dos días antes que fallaban los frenos. Además, aseguran que la mañana del accidente no se había pasado la cuchilla, una maniobra que se realiza después de días de lluvia, como en este caso, para afianzar la pista y evitar deslizamientos. La investigación sobre el accidente laboral que costó la vida el pasado 18 de septiembre a un trabajador de una empresa subcontratada para realizar el movimiento de tierras en las obras de Deskarga (GI-632), en Antzuola, pone el foco sobre varios incumplimientos del Plan de Seguridad y Salud de esta obra promovida por la Diputación de Gipuzkoa. Una actuación ejecutada por la Unión Temporal de Empresas (UTE), constituida por las constructoras Moyua y Antzibar. La víctima, I.A., tenía 33 años de edad y era natural de Lasarte-Oria. El camión ‘lagarto’ que conducía cargado con 32 toneladas de tierra se precipitó por un terraplén provocando su muerte. El informe de Osalan constata numerosos incumplimientos del Plan de Seguridad y Salud, un documento de 400 folios que presentó la UTE Lapatza a este concurso público y que le ayudó a lograr la mejor valoración técnica entre las once ofertas presentadas. Osalan, que concluyó su informe el pasado 22 de enero tras cuatro meses de investigación, ha trasladado ahora este documento a la Inspección de Trabajo, que es la encargada de interpretar las conclusiones extraídas por parte del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, atribuir responsabilidades y proponer sanciones por el accidente. Los hechos relatados por Osalan en su investigación -se ha completado con entrevistas a 19 personas, entre ellas trabajadores y responsables de obra- avalan las denuncias públicas realizadas en su día por el sindicato ELA, que había alertado antes del accidente de varios incumplimientos en las condiciones laborales y de seguridad en esta obra pública. La central abertzale, consultada ayer por este periódico, declinó hacer valoraciones al respecto y pidió que se respeten los plazos y se espere al informe definitivo que la Inspección de Trabajo tendrá listo en unas semanas. Entre tanto, la información recabada por Osalan y que está analizando la Inspección de Trabajo reprocha a la dirección facultativa -técnicos nombrados por la Diputación y la UTE-, el hecho de no involucrarse lo suficiente en la vigilancia y el cumplimiento del plan de seguridad de la obra. De hecho, el accidente se produjo en una rampa con una pendiente media del 33%, cuando el plan de seguridad indicaba que no se debían superar desniveles del 12%. FALTA DE SUPERVISIÓN Según el informe de Osalan, “el recorrido que describían los camiones no contravenía lo especificado en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, ya que este fija las pendientes a modo de recomendación”. Sin embargo, “se considera que el diseño de las pistas no puede dejarse en manos de las subcontratas y que su supervisión debe ser más exhaustiva, con toma de datos precisos para su análisis, debiendo estar involucrada en su aceptación técnicos competentes (dirección facultativa) para la elección del mejor trazado posible”. En este caso, sin embargo, fue “la propia subcontrata la encargada de decidir y realizar los trazados, “primando, en muchos de los casos, los motivos económicos sobre otros de índole técnica”, según el informe. El análisis que Osalan hace del plan de seguridad es que una vez que la subcontrata ejecutó las pistas, debieron ser “el técnico de seguridad y salud con los encargados de la UTE las figuras responsables de su supervisión y aceptación previas al uso”. El instituto vasco de salud laboral cree que la responsabilidad última de dar el visto bueno a estas actuaciones de la subcontrata corresponde a la dirección facultativa. Hay que tener en cuenta que la Diputación cuenta con cuatro técnicos en esta obra. Los incumplimientos del plan de seguridad van más allá y el informe de Osalan, de 90 folios, refleja que “si bien la formación del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales puede ser considerada como suficiente, no se ha presentado documentación de la formación del trabajador para el manejo” del camión, “ni de la entrega o información sobre su libro de instrucciones”. De hecho, el trabajador manejaba habitualmente otra máquina en la obra, una retroexcavadora, y no este lagarto que finalmente terminó conduciendo porque cinco compañeros suyos se habían negado a hacerlo. Varios de ellos habían alertado de un fallo en los frenos de servicio y otras deficiencias. Ante estas quejas, Osalan considera probado que el gerente de la subcontrata Aballa hizo “caso omiso” de las reclamaciones por parte de sus trabajadores. Este hecho, decreta Osalan, supone otro incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, ya que el empresario tenía la obligación de detener el vehículo inmediatamente para una revisión y consiguiente localización de los fallos detectados. DEFICIENCIAS En sus conclusiones, Osalan destaca que el vehículo “carecía de cinturón de seguridad, hecho que podría haber evitado su muerte” y precisa que todo parece indicar que la pérdida de control del camión en la rampa del 33% fue consecuencia de un fallo del freno de servicio. Según recoge el documento, “todos los trabajadores que habían utilizado el camión en la obra coinciden en afirmar que apreciaron fallos en su funcionamiento“, excepto el gerente de la empresa subocntratista, que afirmó no haber detectado ninguna anomalía. “El gerente era conocedor de las deficiencias detectadas en el vehículo, ya que varios trabajadores se lo habían trasladado. Pese a todo, hizo caso omiso de los mismos y sin realizar revisión alguna instó a los trabajadores a continuar con su manejo. Fue él quien ordenó al trabajador fallecido el uso del dumper articulado, después de que otro compañero se negara argumentando que en su caso de utilizarlo su vida corría peligro”, recoge el documento. Osalan también ve “indicios de un ritmo de trabajo elevado” y destaca que no se habían adoptado las medidas preventivas propuestas en la evaluación de riesgos del trabajador. Este tramo de la GI-632 (Antzuola-Bergara) es la primera obra pública en Gipuzkoa en la que los pliegos de condiciones contemplan la opción de que la Diputación multe a las empresas si en las obras se incumplen las condiciones laborales recogidas en el convenio guipuzcoano de la construcción. De entrada, ELA criticó que el tramo Antzuola-Bergara (conexión con la AP-1) de la GI-632 (Beasain-Durango) nació con uno de los vicios que los sindicatos denuncian que están en el origen de la “explotación laboral“, como es una importante baja sobre el precio de licitación, en este caso del 37%. El precio de licitación fijado por la Diputación fue de 63,35 millones de euros sin IVA, mientras que esta obra se ha adjudicado por 40 millones, 23 menos de los que la Diputación calculó.
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