Un fatal accidente laboral que, en febrero del año 2003, se cobró la vida en Ourense de un trabajador del sector de la construcción de tan sólo 24 años llegará a juicio este mismo mes. De hecho, para el 30 se enero está señalada la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 2 por un trágico suceso que, en términos judiciales, se ha calificado con una muerte por imprudencia y un delito contra los derechos de los trabajadores, de los que están acusadas cuatro personas que, en el momento de los hechos y según aprecia el fiscal, tenían alguna responsabilidad en velar por la seguridad de la obra en la que trabajaba el joven muerto.
Se trataba de la construcción de un edificio en la Avenida de la Habana. P.I.G., con experiencia en el sector de la carpintería de aluminio, acudió a trabajar en la jornada del lunes, 17 de febrero, y cuando se encontraba efectuando los trabajos de instalación de las barandillas de aluminio, junto con otro compañero, se precipitó al vacío desde un tercer piso.
Se desplomó sobre el suelo del patio interior y aunque en un principio salvó la vida, los efectivos de emergencias que acudieron para asistirlo allí mismo no pudieron mantenerlo más de veinte minutos. Falleció sin que llegaran a trasladarlo a un centro sanitario debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Aquel suceso, que supuso la primera muerte por accidente laboral del año 2003, fue posteriormente investigado por la Fiscalía de Ourense, quien ahora ha presentado cargos porque considera que hubo irregularidades en las circunstancias que propiciaron aquel accidente. Así, la acusación pública cree que la muerte de Pablo Iglesias pudo haberse evitado y basa este argumento en que, en el momento del suceso, el trabajador carecía de cinturón de seguridad. Tampoco, según esta parte, existía una red de protección en el patio de la obra, lo que propició que, al caer, el trabajador no tuviese más freno que el propio suelo.
De estas carencias responsabiliza el fiscal, en su escrito de acusación, a Manuel R. A., encargado de seguridad de la empresa de aluminios para la que trabajaba el fallecido, a Faustino C. R. y José V. R., administradores de la empresa constructora y a Gerardo A. F., arquitecto de la obra.
Para todos ellos, por igual, reclama la acusación pública una condena de dos años de prisión, en respuesta al delito de imprudencia con resultado de muerte, además de otra condena de un año y seis meses de prisión, como consecuencia del delito de contra los derechos de los trabajadores.
Para el caso de que existiera un fallo condenatorio, el fiscal reclama además que los acusados queden inhabilitados para el ejercicio de su actividad profesional en relación con la seguridad en el trabajo durante un período de cuatro años.
Asimismo, el acusador interesa que, por el delito contra los derechos de los trabajadores, se imponga a todos los acusados una multa de nueve meses, con una cuota diaria de 12 euros.
Dado que en el momento de los hechos la víctima, a la que faltaban tan sólo algunos meses para casarse, aún residía con sus padres, la acusación considera que ambos deben recibir una indemnización que, en caso de que la magistrada así lo acepte, deberá ser satisfecha por los acusados y sus compañías de seguros. Así se interesa que se indemnice de forma conjunta a los padres de Pablo Iglesias con la cantidad total de 90.000 euros.
Sustancialmente diferente a esta cuantía es la que reclama la familia del fallecido, que se persona en el caso como acusación particular. Esta parte califica los hechos como un homicidio por imprudencia y reclama dos años y medio de prisión para los mismos acusados a los que imputa el Ministerio Fiscal. Además establece como receptores de la responsabilidad civil tanto a los padres como a la hermana de la víctima y eleva la petición de indemnización para cada uno de los progenitores, reclamando además otra cantidad para la hermana.
La vista oral por este asunto ha sido señalada para el próximo 30 de enero a las diez de la mañana, en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal numero dos de la capital ourensana, situado en la tercera planta del Pazo de Xustiza de la ciudad.
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