El nuevo catálogo de enfermedades profesionales multiplicará por diez las reconocidas en la actualidad, que no pasan de 25.000, según el borrador de decreto que ultima el Gobierno. La lista recogerá los criterios y recomendaciones europeas e investigará las anomalías cancerígenas detectadas y aquellas con posibilidad de derivar en este diagnóstico. Para evitar que la lista quede obsoleta, será renovada automáticamente por la Comisión de Salud y Seguridad. Además, la regulación que se avecina tratará los efectos de las patologías laborales a medio y largo plazo.
El borrador está consensuado con sindicatos y patronales e irá a un próximo Consejo de Ministros, después de un largo camino iniciado en 1998. Debido a la tramitación establecida, su aplicación no se producirá hasta el segundo trimestre de este año.
Los sindicatos pretenden que el Sistema Público de Salud otorgue la baja si existe sospecha de enfermedad profesional, y admiten que sea el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y las Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales quienes declaren y reconozcan la patología. Si existen diferencias sobre el diagnóstico, será la comisión tripartita (Sistema Público, INSS y mutuas) quien resolverá, aunque la última palabra correrá siempre a cargo del Instituto.
Según datos de Comisiones Obreras (CC.OO.), existen 3,5 millones de trabajadores expuestos a sustancias peligrosas (la mitad en el sector de la construcción) y solo el 7% de las empresas reconoce su inclusión en la evaluación de riesgos. El mayor peligro proviene de que las enfermedades profesionales suelen producirse por “multicausalidad”, sin que exista información sobre la mortalidad que generan.
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