La Fiscalía y la Inspección de Trabajo intensifican la labor de prevención para reducir el número de accidentes, que el pasado año se cobraron la vida de once trabajadores.
La Fiscalía de Murcia ha decidido atajar la tasa de siniestralidad laboral atacando directamente a la raíz del problema: la falta de medidas de seguridad en las empresas. El coordinador del servicio contra la siniestralidad laboral, José Luis Díaz Manzanera, ha abierto, desde el año 2002, un total de 82 investigaciones en otras tantas empresas en las que, a pesar de no haber resultado lesionado ningún trabajador, existía un grave peligro de accidente.
El Código Penal contempla, en su artículo 316, penas que oscilan entre los seis meses y los tres años de prisión para aquellos empresarios que incumplan las más elementales normas de seguridad laboral. De estas investigaciones, cerca de diez se han concretado en acusaciones formales por parte del fiscal e incluso han llegado ya las primeras condenas por haber arriesgado la vida de los trabajadores.
La particular preocupación por la prevención ha regido la forma de actuar del coordinador de siniestralidad laboral desde que se creara este servicio en el año 2001. No obstante, fue a partir del año 2003 cuando esta declaración de intenciones se tradujo en acciones.
El primer escrito de acusación contra un empresario por no cumplir las normas de seguridad para sus trabajadores data de junio de 2003. El fiscal acusó al dueño de una empresa de construcción de Blanca porque consideraba que existía un grave peligro de que los obreros pudieran sufrir una caída. A pesar de que no llegó a haber accidente, la sentencia fue condenatoria.
Además, el balance elaborado por Díaz Manzanera, correspondiente a los últimos seis meses del año 2005, sigue la tendencia de los semestres anteriores. En total, la Fiscalía registra ya 633 expedientes desde su creación en el año 2001. De ellos, 100 llegaron a manos del fiscal entre julio y diciembre de 2005, cifra casi idéntica a los 101 expedientes registrados en los seis primeros meses del mismo año.
De las 147 diligencias abiertas por la fiscalía, tan sólo se han archivado 12 (tres de ellas en el primer semestre del pasado año), por no haberse apreciado indicios de delito. No obstante, esto no quiere decir que no existan irregularidades. En estos casos, se envía toda la información a la Autoridad Laboral para que ésta prosiga, si procede, con el correspondiente expediente administrativo sancionador.
En cuanto al número de fallecimientos, el 2005 registró idéntica cifra al año anterior. Once personas perdieron la vida en el desarrollo de su actividad profesional. Esto eleva la cifra de muertos hasta 56 en los últimos cinco años, lo que significa que cada año fallece una media de once trabajadores. El año más trágico fue el 2003, cuando 19 personas perdieron la vida mientras trabajaban.
El pasado año, sin embargo, hubo 172 trabajadores que corrieron mejor suerte. A pesar de verse involucrados en accidentes, sólo resultaron heridos. En este sentido, el 2005 se ha convertido ya en el año con mayor número de trabajadores lesionados, por encima de los 128 del año 2004 o de los 109 de 2003.
Además, la Fiscalía ha iniciado, desde el 2001, un total de 13 investigaciones en empresas que empleaban a menores de edad y 96 con trabajadores extranjeros. Hay también un caso de una mujer embarazada, que se archivó en la Fiscalía y se envió a la Autoridad Laboral.
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